Homicidios son cada vez más reclasificados como “otros delitos” en México, alertan organizaciones; la proporción se ha triplicado en una década.
Una tendencia preocupante se ha consolidado en México durante los últimos diez años: el uso creciente de la categoría “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal” para clasificar hechos que podrían ser homicidios dolosos. Esta práctica, según organizaciones sociales y expertos en seguridad, estaría distorsionando las cifras oficiales sobre la violencia en el país.
En 2015, durante la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto, por cada 100 homicidios registrados —ya fueran intencionales o imprudenciales— existían 10 delitos etiquetados bajo esta categoría ambigua. Diez años después, ya bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la proporción ha aumentado alarmantemente: ahora, por cada 100 homicidios, se registran 32 casos como “otros delitos”, triplicando la cifra anterior.
Esta clasificación agrupa ilícitos que, aunque también afectan la vida e integridad de las personas, no son reportados como homicidios, feminicidios, lesiones ni abortos. De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante los primeros dos meses de 2025 se cometieron 6 mil 414 homicidios en el país, mientras que 2 mil 085 casos fueron clasificados como “otros delitos”, estableciendo una preocupante relación de tres a uno.
En contraste, en 2015 se registraron 31 mil 331 homicidios en todo el año, y sólo 3 mil 122 casos fueron colocados en la categoría mencionada, lo que en ese entonces significaba una proporción mucho más reducida: diez homicidios por cada uno de esos “otros delitos”.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, sostiene que esta transformación en los criterios de clasificación responde a una política deliberada de opacidad. “Este aumento inexplicable no refleja un cambio real en la violencia, sino una decisión de desinformar a la sociedad acerca de los niveles reales de inseguridad en el país”, afirmó.
Ni autoridades federales ni estatales han explicado con claridad por qué ha crecido esta tendencia, lo que refuerza las sospechas de manipulación en las estadísticas para simular una disminución de homicidios dolosos. La clasificación en este “cajón de sastre” complica el análisis real de los índices de violencia y limita la capacidad de respuesta adecuada de las instituciones.
Expertos en seguridad pública insisten en la necesidad de revisar los criterios con los que se integran estas estadísticas y garantizar que las cifras reflejen con veracidad la situación delictiva del país. Sin ello, advierten, las estrategias para enfrentar la violencia seguirán construyéndose sobre datos imprecisos y, por tanto, ineficaces.
