Trump canceló el Estatus de Protección Temporal para migrantes de países como Venezuela, Haití y Afganistán, lo que ha desatado múltiples impugnaciones judiciales aún en curso.
La administración del expresidente Donald Trump ha tomado medidas significativas para desmantelar protecciones migratorias que durante años ofrecieron refugio temporal a personas provenientes de países en crisis. Esta ofensiva ha incluido la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y otras formas de amparo humanitario, afectando a cientos de miles de migrantes de distintas nacionalidades y provocando una oleada de impugnaciones judiciales que aún están pendientes de resolución.
Uno de los casos más notorios fue la decisión del gobierno de Trump de cancelar el TPS otorgado a cerca de 350,000 venezolanos, medida que fue autorizada temporalmente por la Corte Suprema tras una solicitud de emergencia. La eliminación de este estatus legal deja a muchos migrantes vulnerables a la deportación, pese a haber vivido legalmente en Estados Unidos bajo esa protección. Pero este no es un caso aislado: también se ha intentado suspender el amparo humanitario de cubanos, haitianos, nicaragüenses y ucranianos, generando nuevas controversias legales.
En el caso Noem contra Doe, el gobierno busca anular los permisos humanitarios —conocidos como parole— concedidos a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Aunque no se trata del programa TPS, este mecanismo permitía la residencia temporal por razones humanitarias urgentes. En abril, un juez federal bloqueó de manera provisional la terminación de este programa, pero la Corte Suprema aún debe pronunciarse. La impugnación, presentada originalmente en Massachusetts, argumenta que las restricciones impuestas por la administración Trump socavan la flexibilidad del poder ejecutivo para abordar crisis humanitarias globales y responder a situaciones migratorias complejas.
Simultáneamente, otros casos se desarrollan en paralelo. En Trump contra CASA, se debate la finalización del TPS para afganos y cameruneses. Este caso destaca no solo por el impacto inmediato en miles de personas, sino por las acusaciones de discriminación racial implícita en las políticas del gobierno. En respuesta, el Departamento de Seguridad Nacional accedió a ralentizar el proceso y seguir los procedimientos formales exigidos por el Congreso, otorgando una extensión de al menos 60 días adicionales antes de que cualquier deportación pueda proceder legalmente.
Por su parte, el caso Asociación del Clero Evangélico Haitiano contra Trump se enfoca exclusivamente en los migrantes haitianos. En él se argumenta que las condiciones en Haití —violencia de pandillas, colapso del sistema de salud, hambre y desplazamiento masivo— justifican mantener las protecciones otorgadas anteriormente. La próxima semana se espera una audiencia en Nueva York, en la que los abogados demandantes pedirán bloquear cualquier intento inmediato de levantar el amparo a estos migrantes.
Finalmente, en Pacito contra Trump, se aborda la suspensión del Programa de Admisión de Refugiados, que afecta principalmente a personas desplazadas de América Latina y Afganistán. Aunque no está directamente ligado al TPS, este caso pone en evidencia otra faceta del endurecimiento migratorio. Un juez federal ordenó en febrero que el programa continuara, pero una corte de apelaciones revirtió parcialmente esa decisión en marzo. La última orden judicial exige que el gobierno revise caso por caso a los refugiados con solicitudes activas, y acelere el proceso de admisión y apoyo a 160 personas con planes inmediatos de viaje.
En conjunto, estos casos representan una ofensiva jurídica y política contra las medidas de protección a migrantes implementadas en años anteriores. Aunque la Corte Suprema ha permitido algunas cancelaciones, muchas impugnaciones siguen en curso, y su desenlace podría marcar el futuro de decenas de miles de personas que han encontrado en Estados Unidos un refugio temporal ante crisis humanitarias en sus países de origen.
