Trump ha ignorado una orden judicial que impedía la deportación de venezolanos, permitiendo que aviones con migrantes aterrizaran en El Salvador, lo que podría desencadenar una crisis constitucional.
El gobierno de Donald Trump ha entrado en un nuevo conflicto con el poder judicial luego de que varios aviones cargados con migrantes venezolanos aterrizaran en El Salvador, desafiando una orden judicial que exigía su regreso a Estados Unidos. La decisión ha sido fuertemente criticada y podría convertirse en un punto clave en la disputa entre el Ejecutivo y el poder judicial.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó que los 238 migrantes a bordo de los aviones fueron trasladados a un “Centro de Confinamiento del Terrorismo”, donde permanecerán al menos un año. En redes sociales, Bukele se refirió a la situación con tono irónico, asegurando que ya era «demasiado tarde» para revertir la medida. Su comentario fue ampliamente difundido por altos funcionarios del gobierno de Trump, como el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, y el secretario de Estado, Marco Rubio, quien incluso agradeció a Bukele la acción.
El problema central radica en que el juez federal James E. Boasberg había prohibido explícitamente la deportación de venezolanos mediante la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa de tiempos de guerra que rara vez ha sido utilizada en la historia de Estados Unidos. Boasberg ordenó el regreso inmediato de los migrantes a suelo estadounidense y estableció que el gobierno debía cumplir con la disposición, incluso si significaba dar la vuelta a los aviones en pleno vuelo.
Sin embargo, el gobierno de Trump argumentó que existían otras bases legales para la deportación y que los cinco migrantes que habían interpuesto una demanda contra su expulsión no fueron removidos del país. Pese a esto, expertos en derecho consideran que la negativa a acatar la orden podría constituir un caso de desacato al tribunal.
El incidente ha provocado preocupación en el ámbito jurídico, con analistas intentando reconstruir la cronología exacta de los hechos para determinar si el gobierno de Trump desafió deliberadamente el principio de separación de poderes. El Departamento de Justicia presentó una apelación de 25 páginas en la que calificó la orden del juez Boasberg como una “imposición no autorizada” sobre la autoridad presidencial en temas de seguridad nacional y política exterior. También argumentó que las acciones de Trump no están sujetas a revisión judicial, al ser una prerrogativa del Ejecutivo.
Este no es el primer caso reciente en el que el gobierno de Trump es acusado de ignorar órdenes judiciales. La semana pasada, una médica especializada en trasplantes de riñón de la Universidad de Brown fue deportada pese a una orden judicial que bloqueaba su expulsión. En respuesta, el juez a cargo del caso dio al gobierno hasta el lunes para explicar por qué su orden no fue respetada.
La controversia ha desatado una oleada de críticas, con algunos expertos advirtiendo que Estados Unidos se acerca a una crisis constitucional si el Ejecutivo sigue desafiando al poder judicial. El abogado Mark S. Zaid calificó la situación como el «inicio de una verdadera crisis constitucional», mientras que otros analistas pidieron esperar más información antes de sacar conclusiones definitivas.
Por su parte, la Casa Blanca ha defendido su postura, calificando las decisiones judiciales en contra de las deportaciones como “injustas e inconstitucionales”. Esto ha alimentado las especulaciones de que el gobierno de Trump podría estar considerando ignorar futuras órdenes judiciales que intenten frenar su política migratoria.
En este contexto, la administración Trump ha justificado su uso de la Ley de Enemigos Extranjeros argumentando que el Tren de Aragua, una banda criminal venezolana designada como organización terrorista, representa una amenaza para la seguridad nacional. El gobierno ha insistido en que la deportación de sus presuntos miembros es una medida legítima para proteger a Estados Unidos.
A medida que avanza el conflicto legal, los tribunales deberán decidir si el gobierno de Trump ha violado la ley al ignorar las órdenes de los jueces. En caso de que los tribunales fallen en contra de la administración, podría haber sanciones para los funcionarios responsables de las deportaciones.
