Trump aprovecha el conflicto migratorio en California para confrontar a Gavin Newsom y reforzar su narrativa sobre seguridad y ley.
El presidente Donald Trump ha encontrado el escenario ideal para intensificar su discurso político: un enfrentamiento directo con el gobernador de California, Gavin Newsom, en un estado demócrata sobre la migración, uno de los pilares de su agenda. Al enviar a la Guardia Nacional a Los Ángeles sin el consentimiento del estado, Trump no solo desató una nueva ola de protestas, sino también un debate sobre los límites del poder presidencial y su uso con fines partidistas.
La operación federal, que responde a las manifestaciones surgidas tras una redada migratoria en el distrito textil angelino, fue calificada por Trump como una respuesta a una “invasión violenta”. Aunque las autoridades locales no solicitaron apoyo, el mandatario ordenó el despliegue de al menos 2000 elementos de la Guardia Nacional. Sus declaraciones en redes sociales, que retrataron a Los Ángeles como una ciudad “ocupada”, fueron seguidas de advertencias sobre una posible aplicación de la Ley de Insurrección, aunque sin confirmación oficial.
Desde la Casa Blanca, funcionarios como Stephen Miller calificaron la situación como una batalla por la civilización misma. El expresidente de la Cámara, Newt Gingrich, reforzó esta visión, describiendo a Trump como el único dispuesto a hacer cumplir la ley ante líderes demócratas que —según él— protegen a migrantes indocumentados.
El gobernador Newsom, blanco habitual de los ataques del presidente, acusó a Trump de crear una crisis artificial para ganar protagonismo. En una carta dirigida al secretario de Defensa, pidió anular el despliegue y anunció que California presentará una demanda legal para frenar la federalización de su Guardia Nacional. Otros demócratas, como el senador Alex Padilla, se sumaron a las críticas, acusando a Trump de manipular los hechos y fomentar la desinformación.
Mientras tanto, republicanos como Kevin Kiley defendieron las medidas presidenciales como necesarias para garantizar la seguridad pública ante actos de violencia hacia agentes federales. Las redes sociales del entorno de Trump han amplificado los episodios más caóticos de las protestas, vinculándolos con una supuesta amenaza extranjera, incluso compartiendo imágenes de banderas de otros países entre los manifestantes.
El conflicto en California no es un hecho aislado. Representa una estrategia más amplia del presidente para castigar a instituciones y gobiernos que percibe como adversarios. Recientemente, amenazó con retirar fondos federales al estado por políticas inclusivas en el deporte y por retrasos en el tren de alta velocidad. Estas acciones refuerzan la percepción de que Trump utiliza el aparato federal como instrumento político.
Desde la Casa Blanca se justifican diciendo que las ciudades gobernadas por demócratas han fallado a sus ciudadanos, y que el presidente simplemente interviene donde otros se niegan a actuar. Sin embargo, críticos advierten que esta postura aumenta la polarización y socava el equilibrio de poderes, al tiempo que convierte a comunidades como la angelina en escenario de tensiones con fines electorales.
