La Corte Suprema de EE.UU. avaló política migratoria de Trump para deportar migrantes a terceros países, incluso si no son originarios de ellos.
Este lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo clave al levantar, con una votación de seis contra tres, una orden judicial que impedía al gobierno del expresidente Donald Trump deportar migrantes a terceros países. Con esta resolución, se abre la puerta para que el Ejecutivo federal pueda implementar una de sus políticas migratorias más polémicas, permitiendo el envío de personas a naciones donde no tienen vínculos de ciudadanía ni residencia.
La política en cuestión había sido suspendida por tribunales inferiores, que atendieron las demandas de organizaciones defensoras de derechos humanos. Sin embargo, el máximo tribunal del país decidió autorizarla, argumentando que el Ejecutivo tiene facultades amplias en materia migratoria. Esta decisión representa una victoria significativa para las posturas restrictivas de Trump en relación con la inmigración.
De acuerdo con las autoridades, esta medida busca aliviar la presión sobre el saturado sistema migratorio estadounidense, trasladando parte de la carga a otros países que recibirían a los migrantes deportados. Según el plan, las personas removidas podrán presentar solicitudes de asilo en los países a los que sean enviados.
No obstante, grupos defensores de los derechos de los migrantes han alzado la voz en contra de esta decisión, advirtiendo que podría poner en grave riesgo a miles de personas, al enviarlas a lugares que carecen de condiciones seguras o que no están preparados para procesar adecuadamente sus peticiones de asilo. Advierten que esto no solo vulnera principios humanitarios, sino que además podría contravenir normas internacionales sobre protección de refugiados.
La Corte no especificó cuáles países serían considerados como receptores bajo esta nueva política, pero en administraciones pasadas ya se habían firmado acuerdos con naciones como Guatemala, El Salvador y Honduras. Críticos advierten que estas prácticas equivalen a una “externalización del asilo”, trasladando la responsabilidad de Estados Unidos hacia países con menos recursos y mayor inseguridad.
Con esta decisión, se refuerzan las bases legales de una estrategia migratoria que Trump defendió durante su mandato y que ahora podría tener un nuevo impulso, especialmente en un contexto electoral donde la migración vuelve a ocupar un lugar central en el debate político estadounidense.
