La Fiscalía de la CDMX confirma que la mayoría de los pinchazos ocurrieron en el Metro; pese al temor ciudadano, solo se ha logrado una vinculación a proceso.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ha registrado hasta el momento 41 denuncias formales por presuntos pinchazos a mujeres en el transporte público, especialmente en el Metro capitalino, donde se concentran 33 de los casos. Otros cuatro incidentes se reportaron en el Metrobús, tres en vía pública y uno más en el servicio universitario Pumabús.
De esas denuncias, únicamente 15 presentaron lesiones médicamente compatibles con una punción, y solo en cuatro se detectó la presencia de sustancias tóxicas en el organismo de las víctimas. A pesar del creciente temor social y las denuncias públicas, la Fiscalía aclaró que hasta ahora no existe evidencia de que las afectadas hayan sido víctimas de delitos graves como secuestro o agresión sexual. El único incidente adicional fue un robo, en el caso del Pumabús.
Fernanda Torres, vocera del colectivo «No es una. Somos todas», explicó que muchas víctimas apenas notan un pinchazo o solo empiezan a sentirse mareadas o cansadas, lo que forma parte del modus operandi para aislarlas con engaños por parte de los agresores. “Te dicen que te bajes, que te sientes… buscan separarte del grupo y ganar tu confianza cuando ya estás afectada”, denunció.
A raíz de los reportes, se han realizado tres detenciones, pero en dos casos los estudios toxicológicos resultaron negativos y los acusados fueron liberados. Sólo una persona ha sido vinculada a proceso, mientras las investigaciones continúan sin detalles adicionales sobre las sustancias encontradas.
Para reforzar la seguridad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará 5,800 elementos en el Metro, junto con 683 vigilantes del STC, 200 agentes de los grupos Zorros y Panteras, así como policías encubiertos y pasajeros simulados. Estas medidas también contemplan filtros aleatorios, operativos con binomios caninos y vigilancia en andenes y accesos.
En cuanto a la atención médica, las autoridades han establecido un protocolo que incluye triaje, análisis clínicos, medidas de profilaxis y observación médica para las víctimas que soliciten ayuda.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que “las investigaciones se toman con toda seriedad” y que en todos los reportes “se aplican los estudios científicos necesarios para evaluar los posibles riesgos”.
No obstante, la diputada federal Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, criticó el enfoque reactivo del operativo y cuestionó la eficacia de los policías encubiertos, argumentando que violan derechos y podrían derivar en detenciones arbitrarias. Exigió mejorar las condiciones de movilidad, especialmente en horas pico, para prevenir situaciones que propician este tipo de agresiones, como los tumultos y la falta de espacio seguro.
Ballesteros también impulsó una reforma a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con el fin de fortalecer los protocolos de prevención, atención y erradicación de violencia sexual en el transporte público.
Mientras tanto, la ciudadanía espera respuestas más contundentes ante un fenómeno que ha despertado alarma, confusión e indignación entre las usuarias del transporte colectivo en la capital.
