La venta ilegal de la Isla Cerralvo, patrimonio de la humanidad, desató indignación; el gobernador de Baja California se opone firmemente a la transacción.

La reciente promoción para la venta de la Isla Cerralvo, ubicada frente a las costas de La Paz, Baja California Sur, ha causado una oleada de indignación en redes sociales y entre autoridades, luego de que la empresa estadounidense Keller Williams ofreciera el territorio mexicano en su sitio web y plataformas como Mercado Libre. Esta isla, también conocida como Isla Jacques Cousteau, es un área natural protegida y fue nombrada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 2005, lo que subraya su valor ecológico y cultural.
De acuerdo con la Constitución Mexicana, específicamente en su artículo 27, las tierras y aguas del territorio nacional son propiedad de la nación, incluso cuando puedan existir transacciones privadas bajo estricta regulación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). A pesar de este marco legal, el anuncio de venta, que ofrece la isla en 115 millones de pesos con propuestas de desarrollos turísticos como hoteles, aeropuertos y ferrys, ha encendido las alarmas entre la población y las autoridades.
El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, reaccionó de inmediato, rechazando públicamente la transacción y aclarando que la Isla Cerralvo pertenece actualmente a una familia sudcaliforniana de apellido Ruffo, por lo que no se encuentra bajo la administración directa del gobierno federal. Aun así, dejó en claro que cualquier intento de privatización debe ser considerado ilegal debido a la condición ecológica especial del sitio.
Castro Cosío recordó que en su administración se han recuperado diversos territorios en situaciones similares, aunque estos casos no siempre reciben amplia cobertura mediática. El mandatario reafirmó su postura en contra de la venta de territorios considerados patrimonio nacional y enfatizó que cualquier proyecto sobre la isla debe pasar obligatoriamente por la revisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
La situación ha despertado un debate nacional sobre la importancia de preservar el patrimonio ecológico y ha puesto en evidencia las lagunas legales que aún permiten que territorios protegidos sean comercializados de manera irregular. Mientras tanto, la indignación social sigue creciendo, exigiendo acciones contundentes para proteger la Isla Cerralvo de cualquier intento de explotación comercial que atente contra su invaluable riqueza natural.