Las cárceles del condado de Riverside, con la tasa de homicidios más alta de California, enfrentan denuncias por negligencia, errores de clasificación y personal sin experiencia.
En las cárceles del condado de Riverside, California, la violencia letal se ha vuelto parte del panorama cotidiano, en gran parte por errores de gestión, decisiones negligentes y una preocupante falta de preparación del personal penitenciario. A lo largo de tres años, estas cárceles no solo lideraron las tasas de homicidio entre los centros penitenciarios más grandes del estado, sino que también se ubicaron como las segundas más mortíferas de todo el país, con 19 muertes registradas en 2022.
Los reportes muestran que los guardias realizan inspecciones de rutina con retrasos de hasta dos horas, omitiendo señales de alerta captadas por las cámaras de seguridad. La asignación errónea de celdas, sin respetar factores como antecedentes de violencia, raza, salud mental o afiliaciones a pandillas, ha sido clave en varios homicidios. En al menos cuatro casos, esta clasificación inadecuada fue el detonante de asesinatos que pudieron evitarse.
El caso de Mark Spratt, de 24 años, ejemplifica la falla sistemática. Ingresó por fraude menor y fue colocado con un detenido violento, miembro de pandillas. Un guardia inexperto abrió la celda durante una pelea, violando protocolos, lo que permitió que su compañero lo arrojara desde un segundo piso. Spratt murió poco después. El sheriff Chad Bianco, que recortó los requisitos de formación de los guardias, erróneamente afirmó que Spratt tenía antecedentes violentos, lo que fue desmentido por la autopsia y su familia.
Otros asesinatos dentro del sistema incluyen el de un hombre con VIH y en transición de género, alojado con un agresor sexual violento; un recluso con problemas mentales asesinado en una celda compartida; y un detenido apuñalado con un destornillador en un taller para internos de bajo riesgo. Todos los casos revelan errores críticos de clasificación y supervisión.
La gestión del sheriff Bianco ha sido duramente criticada, especialmente por reducir los requisitos de edad y entrenamiento para el personal carcelario, aumentando el número de oficiales mal preparados. Correos internos revelan una caída drástica en el número de oficiales de marzo de 2022 a noviembre de 2023, coincidiendo con el repunte de muertes.
El Departamento de Justicia de California inició una investigación en materia de derechos civiles, y Riverside ya ha enfrentado múltiples demandas por homicidio culposo, pagando más de 13 millones de dólares en indemnizaciones. Sin embargo, los informes oficiales han demostrado ser inexactos o manipulados, dificultando la rendición de cuentas y ocultando las causas reales a las familias de las víctimas.
El aumento de la población carcelaria en espera de juicio —que pasó del 59% al 86% en una década— también ha generado hacinamiento y tensiones. Las políticas del fiscal de distrito Mike Hestrin y del propio Bianco, ambos de línea dura, han favorecido el encarcelamiento prolongado sobre acuerdos judiciales, empeorando la situación.
Mientras los funcionarios niegan responsabilidad directa y desvían la culpa hacia factores externos, los testimonios de empleados y exempleados coinciden: la falta de experiencia y la negligencia sistemática están costando vidas. La violencia dentro de las cárceles de Riverside no es inevitable, sino el resultado directo de decisiones administrativas erradas, carencia de entrenamiento adecuado y un sistema que falla en proteger a quienes debería custodiar.
