Sedena fortalece su escuadrón 601 para combatir narcodrones, mediante la adquisición de sistemas de vigilancia, reconocimiento y neutralización de amenazas aéreas.

Frente al creciente uso de drones explosivos por parte del crimen organizado, principalmente en Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) avanza en la adquisición de sistemas no tripulados diseñados para labores de vigilancia, reconocimiento y neutralización de amenazas aéreas. El reforzamiento del escuadrón 601 contempla el uso de drones de alta resistencia, capaces de operar a altitudes de hasta mil 800 metros, con una autonomía de 55 minutos, velocidad de 60 kilómetros por hora y funcionalidad en temperaturas extremas, desde -23 hasta 46 grados centígrados, incluso bajo condiciones meteorológicas adversas.
La dependencia trabaja en consolidar su programa de vigilancia mediante la integración de sistemas antidrones que permitan detectar y neutralizar dispositivos hostiles. La necesidad de fortalecer esta capacidad se evidenció a principios de febrero, cuando el general Jorge Alejandro Gutiérrez Martínez fue herido tras una emboscada en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, en un ataque donde los agresores emplearon drones explosivos. Incidentes similares se han registrado en Michoacán, donde ataques con explosivos improvisados han cobrado la vida de militares y herido a civiles, debido al uso de minas ocultas en caminos rurales.
Con miras a desarrollar tecnología nacional, Sedena también colabora con la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) para crear el primer dron 100% mexicano, orientado a fortalecer las tareas de vigilancia y combate a la delincuencia organizada. Paralelamente, la dependencia participa en eventos como la Feria Aeroespacial 2025 para evaluar tecnologías innovadoras en el ámbito de los sistemas no tripulados.
Desde 2024, el Ejército impulsa proyectos de inversión millonarios destinados a la adquisición de equipos antidron. Uno de ellos, por aproximadamente 150 millones de pesos, busca dotar a la XII Región Militar —que abarca Irapuato, Michoacán y Querétaro— de dispositivos de detección, inhibición y neutralización de drones y explosivos, incrementando así la capacidad de respuesta de las unidades ante ataques.
El programa operativo establece que el personal militar realice reconocimientos visuales terrestres y aéreos, utilizando binoculares y equipos especiales para identificar drones de uso recreativo o drones modificados para espionaje o transporte de explosivos. Además, se promueve la búsqueda activa de explosivos ocultos que pudieran poner en riesgo a tropas y civiles.
En la VII Región Militar, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la Sedena también promueve un proyecto antidron por 134 millones de pesos. Las fuentes militares subrayaron que el objetivo final es contar con una flota de drones avanzados, capaces no solo de vigilancia, sino de interceptar y neutralizar directamente drones cargados con explosivos, elevando así la protección de su personal y de las comunidades afectadas por la violencia criminal.