La elección judicial en México alcanzó apenas un 12.6% de participación, la más baja en décadas, y desata cuestionamientos sobre su legitimidad y futuro.
México vivió un momento inédito en su historia democrática con la celebración de elecciones judiciales en 2025, en las que por primera vez los ciudadanos podían elegir directamente a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Sin embargo, lo que pudo haber sido un ejercicio de innovación institucional terminó marcado por una participación ciudadana excepcionalmente baja, que apenas alcanzó entre el 12,6 % y el 13,3 %, según datos preliminares del Instituto Nacional Electoral.
Este nivel de abstencionismo convierte a la elección judicial en la de menor participación en México en al menos los últimos treinta años, muy por debajo de procesos como las elecciones presidenciales o legislativas, donde históricamente la afluencia ha sido considerablemente mayor. Por ejemplo, las elecciones presidenciales de 2018 y 2024 registraron participaciones del 63,4 % y 61 % respectivamente, mientras que la elección legislativa más reciente en 2021 tuvo una concurrencia del 52,7 %.
A pesar de las cifras, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el carácter democrático de este nuevo ejercicio y celebró que más de trece millones de ciudadanos hayan acudido a las urnas. En su conferencia matutina del lunes, calificó el hecho como “inédito, impresionante, maravilloso”, y subrayó que muchos apostaban a que nadie saldría a votar. No obstante, diversos expertos consultados por medios como CNN señalaron que este resultado revela fallas estructurales y de diseño en la organización del proceso.
Analistas han advertido que el escaso tiempo para preparar una jornada electoral de esta magnitud, sumado a la falta de información clara hacia la ciudadanía sobre a quiénes y por qué se estaba votando, contribuyeron a la apatía generalizada. Además, algunos juristas y académicos cuestionan la idoneidad de elegir cargos judiciales por voto popular, argumentando que esto podría vulnerar la independencia del Poder Judicial y abrir espacios a la politización de los tribunales.
Más allá del debate sobre su legitimidad o viabilidad, el hecho es que la elección judicial de 2025 deja muchas preguntas sin resolver: ¿Es posible reformar el sistema judicial mediante el voto ciudadano? ¿Qué mecanismos de información y evaluación se necesitan para que el electorado participe de forma consciente? ¿Fue este un paso hacia una democracia más participativa o simplemente un experimento fallido?
El tiempo y la revisión crítica del proceso serán determinantes para definir si esta experiencia se repetirá o quedará como un intento aislado de reforma institucional. Por ahora, los datos son claros: la ciudadanía se ausentó mayoritariamente de una votación que, paradójicamente, buscaba acercar la justicia a la gente.
