Legítimo que el pueblo elija al Poder Judicial, afirma Gaby Jiménez en respuesta al informe de la OEA, acusándola de descontextualizar el proceso democrático y no respetar la soberanía nacional.
Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, expresó su desacuerdo con el informe preliminar de la Organización de los Estados Americanos (OEA), al que acusó de no respetar la soberanía de México y de tergiversar el contexto en torno a la propuesta de elección del Poder Judicial por medio del voto ciudadano.
La diputada señaló que el pueblo mexicano tiene el derecho inalienable de decidir sobre la conformación de sus instituciones, incluido el Poder Judicial. En ese sentido, afirmó que la propuesta de elección directa de jueces, magistrados y ministros representa un avance democrático histórico que otorga a la ciudadanía una voz directa en la justicia.
Jiménez Godoy criticó la imparcialidad del organismo internacional y defendió la reforma como una herramienta para erradicar prácticas como el nepotismo y la corrupción dentro del sistema judicial. También advirtió que el informe de la OEA minimiza un ejercicio sin precedentes de participación ciudadana.
En su opinión, las observaciones emitidas por la OEA no solo están fuera de contexto, sino que además ignoran el trasfondo social de una reforma que busca transformar instituciones históricamente alejadas del escrutinio público y de la representación popular.
La legisladora insistió en que esta iniciativa responde a una demanda social real, orientada a construir un sistema judicial más abierto, transparente y sujeto a la evaluación ciudadana. Enfatizó que la democracia no se limita al acto de votar en elecciones generales, sino que también debe manifestarse en el modo en que se organizan y vigilan las instituciones del Estado.
Respecto a los señalamientos sobre la preparación profesional de los posibles electos, Jiménez subrayó que cualquier intento de desacreditar a los futuros integrantes del Poder Judicial por razones sociales o étnicas constituye un acto discriminatorio e infundado.
Finalmente, sostuvo que México continuará con su proceso de transformación nacional respetando los principios democráticos y haciendo valer la voluntad popular. Hizo un llamado a los organismos internacionales para que ejerzan su labor con objetividad y respeto, evitando imponer visiones ajenas a las realidades locales. «La voluntad ciudadana no se negocia», concluyó con firmeza.
