La Corte Suprema de Argentina ratificó la condena por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner, impidiéndole postularse a cargos públicos en un momento clave para su regreso político.

Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina y figura central del kirchnerismo, fue condenada a seis años de prisión y quedó inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos tras la decisión de la Corte Suprema, que ratificó una sentencia por corrupción dictada por un tribunal inferior. Este fallo representa un duro revés para su intención de retornar activamente a la política nacional, justo cuando había anunciado su candidatura a la legislatura bonaerense para este año, movimiento que le habría otorgado fueros e inmunidad judicial.
La sentencia, que confirma su implicación en la malversación de fondos públicos durante sus mandatos presidenciales entre 2007 y 2015, llega en un momento de alta tensión social y política en el país. En la capital, Buenos Aires, sus seguidores realizaron bloqueos en señal de protesta, mientras los sindicatos evalúan paros en rechazo a las políticas económicas del actual presidente, Javier Milei. Aunque la condena implica prisión, la expresidenta, de 72 años, posiblemente acceda al beneficio del arresto domiciliario por su edad, aunque aún debe definirse si pasará algunos días detenida en una comisaría.
Fernández de Kirchner ha sostenido en reiteradas ocasiones que las acusaciones en su contra tienen un trasfondo político y responden a una estrategia judicial para neutralizar su influencia. La Corte también indicó que la trama de corrupción en la obra pública habría comenzado durante el mandato de su esposo y antecesor, Néstor Kirchner, y continuado durante sus propias administraciones.
Como líder del Partido Justicialista desde 2024, Cristina representa el ala mayoritaria del peronismo y la principal fuerza de oposición al gobierno libertario de Milei. La confirmación de la condena no solo golpea su figura personal, sino también al bloque opositor que ella dirige. Milei, por su parte, ha culpado sistemáticamente a los Kirchner por los desequilibrios económicos estructurales del país, usando su narrativa anticorrupción para justificar sus reformas y recortes.
La expresidenta no se quedó callada ante la resolución judicial. En un discurso dirigido a sus seguidores, denunció una maniobra coordinada para frenar su participación política justo después de anunciar su candidatura, afirmando que se trata de una estrategia para silenciar su crítica contra las políticas de ajuste del actual gobierno. “Dale, meteme presa”, dijo desafiante, asegurando que aunque ella sea encarcelada, el pueblo sufrirá aún más.
El juicio que derivó en su condena no fue el único frente judicial que enfrenta. Fernández de Kirchner arrastra otras causas pendientes por presunto lavado de dinero, direccionamiento de obras públicas, y una polémica vinculación con Irán en el caso del atentado a la AMIA de 1994. A pesar de todo, conserva un núcleo de apoyo fiel que la respalda con fervor, como se evidenció durante el juicio de 2022, cuando multitudes la acompañaban cada día frente a su residencia. En uno de esos días, sobrevivió a un intento de asesinato en el que el arma del agresor se trabó a centímetros de su rostro.
La decisión de la Corte Suprema no solo marca un hito judicial, sino que también redefine el mapa político argentino, al desactivar una posible candidatura de una de las figuras más influyentes del país