Abrego Garcia fue liberado por orden judicial tras considerar que las acusaciones del gobierno de Trump se basaban en rumores, carecían de pruebas firmes y no tenían peso legal alguno.
La reciente decisión de una jueza federal ha puesto en entredicho las acusaciones promovidas por el gobierno de Donald Trump en contra del migrante salvadoreño Kilmar Armando Abrego Garcia. A pesar de que la fiscala general Pam Bondi lo presentó públicamente como una amenaza peligrosa, su detención y los cargos en su contra han sido cuestionados por su fragilidad legal.
En un fallo de 51 páginas, la jueza Barbara Holmes desestimó los argumentos presentados por el Departamento de Justicia, señalando que estaban construidos sobre rumores, testimonios indirectos y afirmaciones difícilmente verificables. Holmes ordenó su liberación inmediata, aunque reconoció que podría enfrentar detención por asuntos migratorios mientras el proceso legal continúa.
El origen del caso se remonta a principios de junio, cuando Bondi anunció que Abrego Garcia sería procesado por delitos graves como tráfico de personas y vinculación con la pandilla MS-13. Sin embargo, la jueza aclaró que las supuestas pruebas carecen de sustento jurídico y están plagadas de testimonios de oídas, sin evidencia concreta o testigos con credibilidad comprobada. Además, Holmes señaló que muchas de las afirmaciones rayaban en la “imposibilidad física”.
Las acusaciones de Bondi, reforzadas por declaraciones públicas del expresidente Trump, quien calificó al migrante como alguien con un «pasado horrible», formaban parte de un intento mediático por endurecer la narrativa de seguridad nacional. Sin embargo, la jueza subrayó que lo que enfrentaba Abrego Garcia era, en esencia, un caso de contrabando de migrantes, no trata de personas, como pretendía la fiscalía.
La diferencia entre contrabando y trata fue fundamental para desarmar el argumento del gobierno. Mientras que la trata implica coerción o explotación, el contrabando se limita al traslado ilegal de personas sin necesariamente involucrar abuso. A pesar de esta distinción, funcionarios federales, como el agente Peter Joseph, utilizaron los términos de manera intercambiable durante las audiencias.
Tras la orden de liberación, el Departamento de Seguridad Nacional reafirmó su postura hostil, calificando nuevamente al migrante como un «peligroso delincuente extranjero ilegal» en redes sociales. En respuesta, los abogados defensores, entre los cuales figura un exfiscal federal, contraatacaron al gobierno, denunciando que había ofrecido favores migratorios a testigos con antecedentes criminales, a cambio de testimonios que perjudicaran a Abrego Garcia.
En documentos judiciales recientes, se reveló que al menos tres testigos colaboraron con la fiscalía tras recibir promesas de acción diferida, liberación anticipada e incluso la posibilidad de obtener autorización para trabajar en EE.UU., a pesar de contar con múltiples deportaciones previas y condenas por delitos graves. Para los abogados, esto demuestra que el objetivo principal del gobierno es mantener detenido a Abrego a toda costa, incluso a través de métodos cuestionables.
El fallo judicial representa el primer gran revés legal contra el caso impulsado desde los más altos niveles del gobierno de Trump, y subraya el creciente patrón de reproches judiciales hacia procedimientos que han sido usados con fines políticos y mediáticos.
