El Tribunal Constitucional español aprobó la ley de amnistía promovida por Pedro Sánchez, lo que permitirá el posible regreso de Puigdemont y otros líderes independentistas que enfrentaban procesos judiciales.
El Tribunal Constitucional de España aprobó este lunes la controvertida Ley General de Amnistía, promovida por el gobierno del socialista Pedro Sánchez como parte del acuerdo con el independentismo catalán para garantizar su reelección. La votación del máximo órgano jurídico arrojó seis votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones de magistrados que ya habían expresado públicamente su postura en contra, en lo que se considera un fallo histórico.
La ley contempla la extinción de responsabilidades penales de los líderes y seguidores del proceso independentista catalán de 2017, incluyendo delitos como sedición, desobediencia, desacato y prevaricación. Sin embargo, el delito de malversación de caudales públicos quedó fuera de la amnistía por posibles conflictos con la normativa europea.
El dictamen fue redactado por la vicepresidenta del Tribunal, Inmaculada Montalbán, integrante del bloque progresista, quien argumentó que la figura de la amnistía, aunque excepcional, tiene cabida constitucional en contextos de reconciliación nacional o situaciones políticas extraordinarias. El fallo rechaza el calificativo de “autoamnistía”, utilizado por la oposición, señalando que al haber sido debatida y aprobada por un parlamento democrático, la norma no puede compararse con medidas autoritarias ni con procesos de transición.
No obstante, el voto particular de los cuatro magistrados que se opusieron advirtió que la ley constituye una transacción política orientada a mantener al Partido Socialista en el poder pese a no contar con mayoría parlamentaria, y que sus beneficiarios directos son quienes facilitaron dicha mayoría con sus votos.
Este respaldo jurídico permite que el ex presidente catalán Carles Puigdemont, actualmente exiliado, y otros líderes del fallido proceso secesionista de 2017, puedan regresar a España sin enfrentar cargos por los delitos cubiertos por la amnistía. Sin embargo, aún enfrentan causas judiciales por malversación, por lo que el Tribunal Supremo deberá determinar su situación legal.
Entre las reacciones al fallo, el presidente de Cataluña, Salvador Illa, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, urgieron al Supremo a levantar las órdenes de aprehensión contra los beneficiados. Por otro lado, el ex presidente socialista Felipe González criticó duramente la sentencia, calificándola de “barrabasada contra el Estado de Derecho” y anunció que no votará más por el Partido Socialista, al que alguna vez lideró.
Este fallo marca un parteaguas en la política española, avivando la polarización entre los bloques progresista y conservador, y generando un intenso debate sobre la legalidad, legitimidad y conveniencia de borrar delitos vinculados al intento de secesión de Cataluña a cambio de estabilidad parlamentaria.
