Sean Combs fue declarado culpable de transporte con fines de prostitución, pero absuelto de tráfico sexual y asociación delictuosa, tras un juicio federal en Manhattan.
El productor musical Sean Combs, conocido por su influencia en el mundo del hip-hop, fue declarado culpable este miércoles por un jurado federal de Manhattan de dos cargos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución, bajo la Ley Mann. Sin embargo, fue absuelto de los delitos más graves que enfrentaba: tráfico sexual y asociación delictuosa.
El veredicto fue el resultado de un juicio de ocho semanas, en el que se analizaron múltiples testimonios y pruebas que lo vinculaban con un supuesto patrón de conducta abusiva y controladora. De haber sido declarado culpable de los cargos mayores, Combs, de 55 años, se habría enfrentado a una posible condena de cadena perpetua. No obstante, los cargos por los que sí fue condenado conllevan una pena máxima de hasta 10 años de prisión.
La fiscalía argumentó que Combs era el líder de una estructura criminal que utilizaba su poder y recursos para manipular y coaccionar a mujeres, orquestando encuentros sexuales no deseados con hombres a los que él contrataba, mientras grababa las sesiones. Se alegó además que utilizaba amenazas, violencia y control económico para someter a sus parejas.
Por su parte, la defensa reconoció que el artista ha enfrentado problemas relacionados con el consumo de drogas y violencia doméstica, pero rechazó que se tratara de un traficante sexual o jefe de una empresa criminal. Alegaron que la versión del gobierno federal era exagerada y que las pruebas presentadas no respaldaban esa narrativa.
El jurado, compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres, con edades que oscilaban entre los 30 y los 74 años, deliberó con base en argumentos complejos. Uno de sus integrantes fue sustituido durante el proceso por inconsistencias en sus declaraciones, lo que no afectó la continuidad del juicio.
Este fallo mixto representa un punto de inflexión para el también empresario, que enfrenta otros litigios civiles y cuya reputación se ha visto afectada por las acusaciones públicas que surgieron antes del proceso penal. Las autoridades aún no han dado a conocer cuándo se dictará sentencia.
