La administración Trump comenzó a retirar a 2,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en Los Ángeles, tras críticas por el uso militar durante protestas contra redadas migratorias.
La Casa Blanca anunció la retirada de aproximadamente 2,000 elementos de la Guardia Nacional de California que permanecían desplegados en Los Ángeles, lo que representa una reducción significativa del operativo militar impulsado por el presidente Donald Trump desde el pasado mes de junio.
El despliegue comenzó el 7 de junio, en medio de intensas protestas nocturnas en el centro de Los Ángeles, cuando el gobierno federal ordenó la movilización de más de 4,000 elementos con el argumento de contener las manifestaciones contra las redadas migratorias. La fuerza de respuesta incluía tropas de la 79.ª Brigada de Infantería de la Guardia Nacional, que fueron posicionadas en puntos estratégicos de la ciudad.
La desmovilización parcial se dio luego de semanas de tensiones entre el gobierno federal y autoridades estatales, como el gobernador de California, Gavin Newsom, quien desde el inicio cuestionó el carácter legal del operativo. Incluso llevó el caso ante un tribunal federal sin lograr detener el despliegue.
Uno de los momentos más criticados fue la intervención en el Parque MacArthur, donde cerca de 80 soldados llegaron en vehículos militares junto a agentes federales armados, marchando sobre un campo de fútbol en una comunidad predominantemente inmigrante. La alcaldesa Karen Bass condenó la acción, describiéndola como una “ocupación armada”.
El gobernador Newsom calificó la operación como un “teatro del absurdo” y exigió en repetidas ocasiones su final. Tras el anuncio del retiro parcial, señaló que “durante más de un mes, la Guardia Nacional ha sido separada de sus familias, comunidades y labores civiles para servir como peones políticos del presidente en Los Ángeles”.
A pesar de la desmovilización parcial, casi 2,000 elementos permanecen desplegados sin que se les haya asignado una misión clara, situación que las autoridades californianas continúan denunciando como un uso político y excesivo del poder militar.
El futuro del resto de los elementos sigue en duda, mientras la presión política y social se mantiene sobre una decisión que ha abierto un nuevo capítulo en la tensa relación entre el gobierno federal y el estado de California.
