Exfiscal que imputó a Trump, bajo investigación por presunta actividad política

Jack Smith, exfiscal que llevó los casos federales contra Trump, enfrenta ahora una indagatoria por presunta actividad política ilegal.

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El exfiscal especial Jack Smith, quien encabezó las investigaciones federales contra Donald Trump por el asalto al Capitolio y el mal manejo de documentos clasificados, está siendo investigado por una posible violación a la Ley Hatch, que prohíbe a los empleados públicos involucrarse en actividades políticas mientras están en funciones. La indagatoria fue abierta por la Oficina de Asesoría Especial (OSC), a raíz de una denuncia del senador republicano Tom Cotton, cercano al expresidente.

Smith, designado en 2022 por el fiscal general Merrick Garland, presentó imputaciones en dos expedientes clave que generaron gran controversia durante la administración de Joe Biden. Sin embargo, renunció a su cargo en enero de 2025, justo antes del inicio de la nueva administración encabezada por Trump. Pese a que los procesos contra el exmandatario fueron retirados tras su regreso a la Casa Blanca —siguiendo la política del Departamento de Justicia que impide acusar a un presidente en funciones—, Smith dejó constancia en un informe de que había pruebas suficientes para una condena.

La actual investigación no contempla cargos penales, ya que la OSC no tiene esa facultad. Sin embargo, el caso podría derivar en una sanción administrativa o ser remitido al Departamento de Justicia si se confirma que Smith quebrantó la ley al actuar con motivaciones políticas en su papel como fiscal especial.

Esta situación ocurre en el contexto de una estrategia más amplia del gobierno de Trump para desmontar lo que considera “persecuciones judiciales politizadas”. Como parte de esta ofensiva, se ha creado un nuevo grupo dentro del Departamento de Justicia —el Weaponization Working Group— encargado de revisar actuaciones pasadas de fiscales y jueces considerados hostiles al trumpismo.

El caso de Jack Smith no solo representa una nueva batalla legal y política en torno al expresidente, sino que también plantea interrogantes sobre la independencia del sistema judicial estadounidense en un entorno cada vez más polarizado.

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