El contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue asesinado tras denunciar una red de huachicol en aduanas; la FGR investiga al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y allegados.
El contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, en circunstancias que la Fiscalía General de la República (FGR) vincula con denuncias que él mismo había realizado meses antes contra mandos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).
Guerrero Alcántar había enviado el 14 de junio de 2024 una carta al entonces secretario de Marina en la que acusaba al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, de encabezar una red de huachicol en puertos y aduanas. Según el documento, Farías y otros capitanes incidían directamente en las designaciones de marinos en diferentes aduanas con el propósito de mantener las operaciones ilícitas.
Días antes de su asesinato, otro elemento de la Semar fue ejecutado mientras se encontraba de vacaciones, lo que refuerza la línea de investigación sobre un patrón de ataques contra personal naval vinculado con denuncias de corrupción.
En su solicitud de aprehensión contra Farías Laguna, la FGR argumentó: “Al mantener una relación estrecha con personas de la Semar, se puede inferir que los actores materiales [del homicidio] pudieran ser personal de esta dependencia o allegados a ellos”. También trascendió que el hermano del vicealmirante está implicado en el caso, aunque actualmente permanece prófugo.
El caso ha generado fuertes cuestionamientos sobre la infiltración del crimen organizado en áreas estratégicas como las aduanas y puertos, y sobre el riesgo que enfrentan altos mandos que denuncian estas prácticas. La ejecución de Guerrero Alcántar no solo evidenció la vulnerabilidad dentro de las filas de la Marina, sino también la gravedad de la red de intereses que rodea al huachicol fiscal y portuario.
