El gobierno de Claudia Sheinbaum propone prohibir la venta de vapeadores en México, con sanciones de hasta 8 años de cárcel y multas económicas para quienes los produzcan, distribuyan o comercialicen.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud que propone la prohibición total de los cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares, y establece sanciones penales para quienes participen en su producción, distribución o comercialización.
La iniciativa plantea castigos de uno a ocho años de prisión y multas que podrían alcanzar hasta 2,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que actualmente equivaldría a más de 200 mil pesos, dependiendo del cálculo vigente. La medida busca reforzar el marco legal que prohíbe estos productos, tras la reforma constitucional aprobada en 2024 que ya había eliminado su uso y venta a nivel nacional.
Según lo expuesto en la propuesta presidencial, el objetivo es cerrar todos los vacíos legales que han permitido que el mercado de vapeadores continúe operando, tanto en comercios formales como en espacios informales, a pesar de las prohibiciones anteriores. La reforma busca evitar que estos dispositivos sigan llegando a jóvenes y adolescentes, un sector donde su uso ha crecido en los últimos años.
De aprobarse, la iniciativa no solo endurecería las medidas contra el comercio de vapeadores, sino que también daría facultades a las autoridades sanitarias y de seguridad pública para actuar penalmente en casos de reincidencia o comercio a gran escala.
Organismos de salud pública han respaldado la medida como una forma de proteger a la población, especialmente a menores de edad, de los efectos nocivos del uso prolongado de estos dispositivos. No obstante, algunos sectores económicos y sociales ya han comenzado a expresar preocupaciones por la posible criminalización de pequeños comerciantes y la falta de alternativas de reconversión económica.
El debate legislativo sobre esta reforma se prevé para las próximas semanas en la Cámara de Diputados, donde se discutirá el alcance de las penas y la implementación de las sanciones en todo el país.
