A partir del 15 de octubre, será obligatorio que todas las unidades que transporten combustibles en México porten códigos QR visibles, como parte de una estrategia contra el huachicol fiscal.
A partir del 15 de octubre, todas las unidades que transporten combustibles en el país deberán portar códigos QR visibles como una medida obligatoria establecida por el gobierno federal, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. La medida forma parte de una estrategia integral para combatir el contrabando de hidrocarburos y el llamado huachicol fiscal.
Durante su anuncio, la mandataria explicó que mientras en sexenios anteriores el robo de combustibles se concentraba principalmente en la perforación de ductos, su administración ha detectado un nuevo tipo de contrabando basado en importaciones irregulares. La alerta se activó en marzo de 2025, tras la llegada de un buque que reportó transportar un producto distinto al que realmente contenía.
Ante este hallazgo, el gobierno federal implementó medidas más estrictas en las aduanas, cerrando vacíos legales que permitían el ingreso de combustibles con permisos temporales en lugar de definitivos. Como parte de esta respuesta, se estableció una norma que exige a todas las unidades que transporten gasolina, diésel, turbosina o gas LP, portar un código QR que permita verificar en tiempo real la legalidad del traslado.
Estos códigos podrán ser escaneados con cualquier dispositivo móvil y brindarán acceso a información sobre la unidad, el tipo de combustible y los permisos asociados. Las unidades que no porten el QR o lo tengan alterado podrán ser detenidas por la Guardia Nacional, que informará a la Fiscalía General de la República para proceder con la incautación del vehículo e iniciar una investigación.
La presidenta Sheinbaum destacó que esta acción no se limita a la fiscalización de pipas, sino que forma parte de un proyecto más amplio que incluye la rehabilitación de ductos antiguos de Pemex y la modernización del sistema de monitoreo Escada, con el objetivo de disminuir el uso de transporte terrestre, aumentar la seguridad y combatir el robo estructural de hidrocarburos.
La estrategia involucra a varias dependencias federales y tiene como meta frenar de manera efectiva el contrabando de combustibles, generar mayor trazabilidad en su distribución y proteger los ingresos públicos que se ven afectados por este delito.
