La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Amparo, modificando el artículo transitorio para aplicar las nuevas disposiciones solo en etapas pendientes de juicios en curso; el dictamen pasa al Senado.
Con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este miércoles 15 de octubre la reforma a la Ley de Amparo, que redefine la aplicación de la norma en procesos judiciales en curso y busca agilizar los procedimientos vinculados a litigios fiscales y de justicia administrativa.
El debate se centró en el tercer artículo transitorio, que determina cómo se implementarán las nuevas disposiciones en los juicios abiertos al momento de la entrada en vigor de la ley. Originalmente, el dictamen permitía que todos los casos en trámite siguieran bajo el marco legal anterior; sin embargo, a propuesta del diputado Hugo Eric Flores (Morena), se modificó para que solo las etapas ya concluidas se rijan por la ley previa, mientras que los actos procesales pendientes deberán sujetarse a la nueva legislación.
Argumentos a favor de la reforma
Durante la discusión, Flores aseguró que la modificación no viola derechos constitucionales, al tratarse de un ajuste de carácter procesal:
“No es violar un derecho constitucional aprobando la irretroactividad de la ley. Es un tema de trascendencia procesal; las leyes procesales se aplican de inmediato sin afectar actos consumados ni derechos adquiridos”, afirmó.
El legislador explicó que la reforma busca acelerar los juicios de amparo y fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar cobros fiscales que, en muchos casos, permanecen pendientes durante años.
Por su parte, el senador con licencia Ricardo Monreal argumentó que el sistema judicial actual permite que deudores fiscales y empresas evadan pagos millonarios, prolongando los procesos durante más de dos décadas.
“Existen juicios pendientes que superan los 100 mil millones de pesos. Apenas el 0.5% de los créditos fiscales llega a cobrarse; el 95% se evade gracias a los amparos y suspensiones provisionales”, indicó.
De acuerdo con Monreal, la reforma pretende limitar abusos en el uso del amparo, particularmente en casos de lavado de dinero, delincuencia organizada y evasión fiscal.
El diputado Ricardo Mejía agregó que la nueva redacción “corrige la inconstitucionalidad previa y se sustenta en el principio de aplicación inmediata de las leyes procesales, respetando actos consumados”.
Críticas de la oposición
Los partidos de oposición advirtieron que la reforma representa una forma de retroactividad encubierta que vulnera los derechos de quienes mantienen litigios abiertos.
El diputado Federico Döring (PAN) calificó la medida como “un robo jurídico” y acusó a Morena de debilitar el amparo como herramienta de defensa ciudadana:
“Esta ley pone la justicia en manos del Rasputín de la justicia, Arturo Zaldívar. Es un asalto al derecho de los mexicanos para protegerse del abuso de autoridad”, expresó en tribuna.
Döring añadió que la modificación favorece a figuras cercanas al gobierno y deja en desventaja a los ciudadanos frente al poder.
“¿A quién le quitan el amparo? A quienes tendrán que defenderse de un abuso de autoridad. ¿A quién no tocan? A quienes están protegidos por el oficialismo”, reprochó.
Próximos pasos legislativos
El dictamen aprobado será turnado al Senado de la República para su análisis y votación final. Se prevé que la discusión continúe en la agenda legislativa de este miércoles, donde senadores evaluarán los posibles efectos jurídicos y constitucionales de la reforma, especialmente sobre los derechos adquiridos y la aplicación retroactiva de la ley.
El debate en San Lázaro se prolongó hasta las 04:00 horas, con intervenciones cruzadas, reservas y cuestionamientos sobre la constitucionalidad del nuevo texto. La sesión concluyó con la aprobación de la minuta y su envío al Senado, donde podría enfrentar nuevas modificaciones antes de su promulgación definitiva.
