México rechazó la declaratoria de persona non grata emitida por Perú contra Claudia Sheinbaum y defendió el asilo a Betssy Chávez como un acto legal y humanitario.
El gobierno de México rechazó la decisión del Congreso de Perú de declarar persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum, calificando los argumentos de la medida como “planteamientos falsos” y defendiendo la legalidad del asilo otorgado a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez. La Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que el asilo se concedió en estricto apego al derecho internacional, a los tratados vigentes y a los principios humanitarios que rigen la política exterior mexicana.
La tensión diplomática aumentó luego de que el Congreso peruano, con 63 votos a favor, aprobara la declaratoria contra Sheinbaum bajo el argumento de que la mandataria habría incurrido en “inaceptable injerencia” al criticar la situación política del país andino y al conceder asilo a Chávez, procesada junto con el expresidente Pedro Castillo por el intento fallido de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022. La resolución legislativa señala que las declaraciones de Sheinbaum “ofenden al sistema democrático peruano” y recordó que Castillo permanece detenido en la prisión de Barbadillo.
El gobierno peruano también manifestó su inconformidad con la protección otorgada previamente por México a Lilia Paredes, esposa de Castillo, y consideró que ambos casos representan un patrón de injerencia. Chávez continúa resguardada dentro de la residencia de la Embajada de México en Lima mientras espera la emisión del salvoconducto que le permita salir del país. El canciller peruano informó que el análisis jurídico para otorgar o negar dicho documento sigue en curso y que una decisión podría anunciarse en las próximas horas.
Desde México, el gobierno de Sheinbaum reiteró que el asilo se otorgó debido a las condiciones judiciales que enfrentan los involucrados en el caso, donde las penas solicitadas por la fiscalía peruana ascienden a 34 años de cárcel para Castillo y 25 años para Chávez. Señaló que la figura del asilo político está protegida por convenciones internacionales y que se aplicó conforme a las obligaciones humanitarias del Estado mexicano.
La controversia se desarrolla en un contexto en el que las relaciones bilaterales ya estaban deterioradas. México no reconoce al gobierno de Dina Boluarte desde 2023 y mantiene únicamente representación diplomática a nivel de encargados de negocios. La declaratoria contra Sheinbaum profundiza la crisis y abre nuevos frentes de tensión entre ambos países sobre la interpretación del derecho de asilo, la autonomía legislativa y la postura política frente al caso Castillo.
El gobierno mexicano pidió respeto a los mecanismos internacionales de protección y lamentó que el Congreso de Perú emita resoluciones que —según afirmó— distorsionan los hechos y alimentan un conflicto político que debería resolverse mediante el diálogo y el cumplimiento del derecho internacional.
