Dos presuntos implicados en el asesinato del alcalde Carlos Manzo fueron hallados sin vida en Capácuaro; uno tenía 16 años. Las investigaciones continúan con todas las líneas abiertas.

Las indagatorias relacionadas con el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, avanzaron este lunes con la confirmación del hallazgo sin vida de dos presuntos implicados adicionales en el crimen. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, los cuerpos fueron localizados en un tramo de la carretera Uruapan–Paracho, específicamente a la altura del municipio de Capácuaro. Entre los fallecidos se encontraba un menor de 16 años, lo que marca la segunda ejecución de un adolescente en torno a este caso.
El hallazgo ocurrió el 10 de noviembre de 2025, nueve días después de que el primer agresor identificado, Miguel Ángel Ubaldo Vidales, de 17 años, fuera abatido la misma noche del ataque ocurrido en la plaza principal de Uruapan durante una celebración de Día de Muertos. Según las autoridades, la FGE verificó que los dos jóvenes ejecutados acompañaban al autor material en el momento en que se perpetró la agresión contra el alcalde.
En entrevista con medios locales, el gobernador Ramírez Bedolla confirmó la participación de los dos adolescentes. “Lo que sí confirma la fiscalía es que participaron otras dos personas que acompañaban al homicida… y estas personas son los dos que aparecieron en Capácuaro muertos. Uno de ellos tenía 16 años, y la información fue compulsada y revisada con el Secretario de Seguridad (Omar García Harfuch)”, explicó.
El mandatario subrayó que la edad de los involucrados —de 16 y 17 años— obliga a revisar a fondo la problemática de reclutamiento de menores en grupos criminales que operan en Michoacán, especialmente en territorios donde se han registrado actividades relacionadas con extorsión y control territorial.
El abatimiento del primer agresor también es investigado
Además de los nuevos hallazgos, el gobernador retomó una de las principales dudas en torno al asesinato: la circunstancia en la que el joven agresor de 17 años fue abatido. La FGE mantiene abierta una línea de investigación sobre el uso de la fuerza por parte de los escoltas municipales.
Ramírez Bedolla explicó que existe registro de un forcejeo y un único disparo que terminó con la vida del adolescente, situación que está siendo examinada. “Se está investigando también por qué el homicida fue abatido después de haber sido detenido. Hay un forcejeo y hay un solo disparo que lo abate. Eso también se está investigando”, señaló.
El gobernador también informó que el alcalde contaba con ocho escoltas personales, además de 14 elementos de la Guardia Nacional asignados a su seguridad.
Seguridad federal refuerza presencia en Uruapan tras el hallazgo
Tras la confirmación de los cuerpos en Capácuaro, integrantes del Gabinete de Seguridad federal se trasladaron a Uruapan para sostener una reunión con el gobernador, la alcaldesa Grecia Quiroz —viuda de Manzo— y representantes del sector aguacatero, en el marco del inicio del llamado “Operativo Paricutín”.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que durante el encuentro se establecieron acuerdos para reforzar la vigilancia, atender denuncias relacionadas con extorsiones y revisar las medidas de protección para funcionarios municipales. “En Uruapan nos reunimos con la presidenta municipal para reforzar vigilancia y atender necesidades de la población”, declaró.
Investigación continúa con todas las líneas abiertas
La FGE mantiene el análisis de peritajes, estudios balísticos y la revisión de comunicaciones para determinar si existen autores intelectuales y comprender los motivos que rodean la rápida ejecución de los presuntos implicados. El gobernador reiteró que ninguna hipótesis ha sido descartada.
Ramírez Bedolla puntualizó que “todas las líneas de investigación están abiertas”, incluyendo la actuación de los escoltas del alcalde, los movimientos previos del agresor de 17 años y la posible participación de redes criminales que han recurrido al reclutamiento de menores en la región de Uruapan.