El Senado aprobó una nueva ley contra la extorsión, elevó las penas hasta 25 años e impuso sanciones severas a funcionarios que omitan denunciar o faciliten este delito.
El Pleno del Senado de la República aprobó con 110 votos a favor el dictamen que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, un marco normativo que endurece significativamente las penas para quienes cometan este delito, así como para los servidores públicos que lo permitan u omitan denunciarlo. Junto con esta nueva legislación, también se modifican el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Con las reformas, los funcionarios que tengan facultades en materia de seguridad, investigación, procuración o impartición de justicia, así como quienes estén encargados de la vigilancia en centros penitenciarios, enfrentarán penas de diez a veinte años de cárcel si no reportan ante el Ministerio Público los casos de extorsión. Además, aquellos servidores o autoridades penitenciarias que faciliten o permitan la comisión del delito recibirán sanciones de quince a veinticinco años, con un aumento adicional de tres a cinco años.
Debido a estas modificaciones, la minuta deberá regresar a la Cámara de Diputados para que se avalen los cambios propuestos por el Senado. Uno de los ajustes centrales consiste en elevar las penas originalmente aprobadas por los diputados, que iban de seis a quince años, a un nuevo rango que inicia en quince y puede llegar hasta veinticinco años de prisión.
Los legisladores argumentaron que mantener las sanciones previas podría generar beneficios indebidos para personas actualmente sentenciadas por extorsión, por lo que consideraron necesario endurecer el castigo. También incorporaron por primera vez la obligación explícita de que las autoridades actúen con pleno respeto a los derechos humanos en las investigaciones.
La iniciativa establece que las fiscalías federales y locales deberán contar con unidades especializadas y personal capacitado específicamente en delitos de extorsión. Mientras estas unidades se instalan, las áreas dedicadas al combate al secuestro asumirán temporalmente estas funciones.
Entre las agravantes incluidas, se prevé un incremento de penas cuando el delito sea facilitado por servidores públicos o autoridades penitenciarias. Asimismo, se contemplan sanciones de seis a doce años de prisión para quienes introduzcan sin autorización dispositivos electrónicos capaces de transmitir voz, datos o imágenes dentro de centros de reclusión.
Finalmente, se determina que los recursos obtenidos mediante decomiso o extinción de dominio en casos de extorsión se destinarán prioritariamente a la restitución de derechos de las víctimas.
