La Generación Z tomó relevancia en México tras una marcha nacional impulsada por jóvenes indignados por la inseguridad, generando debate político y señalamientos entre gobierno y oposición.
El término “Generación Z” ha tomado presencia en el debate público en México, especialmente tras la movilización del 15 de noviembre en la Ciudad de México. Aunque recientemente se asocia al movimiento social juvenil, la Generación Z es un concepto demográfico que engloba a quienes nacieron entre 1997 y 2012, es decir, actualmente jóvenes de 18 a 25 años que crecieron en plena era digital y cuyas dinámicas sociales, educativas y comunicativas están profundamente marcadas por la tecnología.
Este grupo ganó visibilidad global a partir de las protestas registradas en Nepal el 4 de septiembre de 2025, cuando el gobierno bloqueó 26 redes sociales. Jóvenes, en su mayoría de esta generación, salieron a las calles exigiendo libertad digital y respeto a sus derechos. La presión derivó en la revocación de la prohibición y posteriormente en la renuncia del primer ministro KP Sharma Oli. Sin embargo, las manifestaciones siguieron debido a problemas persistentes como el desempleo juvenil, la corrupción y la crisis económica, lo que impulsó un movimiento identificado como “Generación Z de Nepal”.
Ese ejemplo inspiró convocatorias en otros países, incluyendo México, donde la indignación aumentó tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, crimen atribuido días después a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La muerte del edil detonó protestas en Uruapan y Morelia, así como llamados a movilizarse en diversas entidades.
En respuesta, el gobierno federal implementó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, centrado en reforzar la seguridad, impulsar el desarrollo económico y aplicar programas educativos y culturales. Mientras tanto, una convocatoria viral en redes llamó a jóvenes a marchar en CDMX bajo la identidad de “Generación Z”. Aunque figuras políticas como el expresidente Vicente Fox expresaron apoyo, usuarios identificados con el movimiento aclararon que eran apartidistas y no actuaban en nombre del edil asesinado.
La manifestación del 15 de noviembre derivó en actos violentos y 29 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público. La Fiscalía capitalina abrió 19 carpetas de investigación por delitos como tentativa de homicidio, lesiones, robo y daño a la propiedad. Diez detenidos solo enfrentaron faltas cívicas debido a que las lesiones a policías tardarán menos de 15 días en sanar. En total, 18 adultos fueron vinculados a proceso y un adolescente turnado a la fiscalía especializada.
Posteriormente, el gobierno federal descalificó la marcha mediante un análisis de Infodemia Mx, señalando que la convocatoria se originó en cuentas asociadas a grupos conservadores internacionales. A estas acusaciones se sumó la difusión de un documento, publicado por Luisa María Alcalde, que atribuye al creador de contenido Edson Andrade un presunto contrato con el Partido Acción Nacional (PAN) por más de dos millones de pesos para servicios digitales. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la información como relevante para un análisis público más profundo.
