El Senado pidió frenar objetos ilícitos en cárceles ante miles de números ligados a extorsiones, mientras el Congreso aprobó aumentar las penas por este delito hasta 25 años.
El Senado de la República solicitó a las autoridades penitenciarias de las 32 entidades federativas reforzar los controles para impedir la entrada de teléfonos celulares y otros artículos prohibidos a los centros de reclusión. La petición surge después de que el gobierno federal anunciara la instalación de bloqueadores de señal telefónica en penales estratégicos, debido al alto volumen de llamadas de extorsión generadas desde estos espacios.
De acuerdo con el dictamen aprobado, nueve de cada diez extorsiones telefónicas se originan dentro de los penales. Además, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México ha identificado más de 200 mil números vinculados a intentos o consumaciones de este delito, lo que evidencia el uso constante de dispositivos móviles en los centros penitenciarios.
Las autoridades penitenciarias reportaron en 2024 el decomiso de una amplia variedad de artículos prohibidos en los 229 centros del país, entre ellos armas de fuego, armas blancas, celulares, chips, bebidas fermentadas, electrónicos, maquillaje, joyería y objetos punzocortantes. Aunque estos aseguramientos se han realizado, los legisladores señalaron que es necesario fortalecer la coordinación entre instancias federales y estatales para reducir la operación de redes delictivas dentro de los penales.
El Senado también pidió evaluar el traslado de internos considerados de alta peligrosidad a centros federales de reinserción social, respetando sus derechos humanos. Esta recomendación está relacionada con la persistente sobrepoblación carcelaria, un desafío identificado por organismos internacionales y autoridades nacionales.
En paralelo, el Congreso aprobó una reforma que incrementa las penas por extorsión: la mínima será de quince años y la máxima de veinticinco años de prisión. La modificación a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión incorpora la obligación de actuar con respeto a los derechos humanos y ordena que las fiscalías cuenten con unidades especializadas en este delito. Mientras estas se implementan, las áreas dedicadas a combatir el secuestro asumirán de forma temporal dichas investigaciones.
La reforma añade sanciones agravadas para servidores públicos o personal penitenciario que faciliten la comisión de extorsiones, con aumentos de tres a cinco años adicionales a la pena establecida.
