Las Farmacias del Bienestar iniciaron operaciones entre quejas ciudadanas, falta de infraestructura y críticas de expertos que advierten incumplimiento legal y riesgos sanitarios.
El gobierno federal presentó la estrategia denominada Farmacias del Bienestar como su nuevo plan para enfrentar el desabasto de medicamentos en el país. Esta iniciativa, anunciada en Palacio Nacional y sucesora de la Megafarmacia de 2023, fue presentada como una solución que contará con un inventario inicial de cinco mil unidades de fármacos y una selección de veintidós medicamentos que, según las autoridades, cubrirían alrededor del ochenta por ciento de las necesidades de la población adulta mayor.
Sin embargo, una revisión realizada por Fuerza Informativa Azteca en una de las unidades médicas asignadas para el arranque del programa en el Estado de México reveló que las instalaciones no estaban operativas. En la clínica visitada en Ecatepec no había farmacia instalada, únicamente un distintivo en la parte exterior, mientras que dentro del centro de salud el módulo y el estante destinados al servicio estaban sin montar y sin personal asignado.
Este escenario generó inconformidad entre adultos mayores que acuden regularmente al sitio en busca de medicamentos y servicios médicos previamente suministrados mediante el programa MIEI. Los testimonios expresaron desconfianza hacia las nuevas promesas del gobierno al considerar que no se han cumplido compromisos previos de abastecimiento ni de atención domiciliaria.
Las observaciones ciudadanas coinciden con las críticas de especialistas, quienes consideran que el programa se puso en marcha de manera precipitada. Expertos señalaron que la falta de infraestructura adecuada convierte a las Farmacias del Bienestar en un proyecto sin sustento normativo, incumpliendo lo estipulado en el artículo 257 de la Ley General de Salud, que obliga a las farmacias a contar con instalaciones y controles sanitarios que garanticen la correcta dispensación de medicamentos.
La ausencia de trazabilidad también representa un riesgo para la salud pública, pues no se puede asegurar que los medicamentos conserven condiciones apropiadas de almacenamiento, temperatura y caducidad. Además, no se ha dado a conocer el presupuesto destinado al programa, lo que genera preocupación sobre su capacidad para surtir recetas de pacientes que dependen de tratamientos continuos para enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes.
