La CPI y organismos de la ONU documentaron ejecuciones, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual atribuidas al régimen de Nicolás Maduro, señalando un patrón de represión sistemática contra la población civil.
El régimen encabezado por Nicolás Maduro ha sido objeto de investigaciones internacionales por presuntas violaciones graves a los derechos humanos, documentadas tanto por la Corte Penal Internacional (CPI) como por diversos organismos de las Naciones Unidas. Estas indagatorias describen un patrón de represión sistemática contra opositores políticos y sectores críticos del chavismo, con prácticas que incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y persecución política.
Desde febrero de 2018, la CPI mantiene abierto un examen preliminar que derivó en la investigación formal denominada “Situación Venezuela I”, centrada en presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos al menos desde 2014. La causa se originó a partir de remisiones presentadas por varios países de América Latina, y fue ratificada en marzo de 2024, cuando la Sala de Apelaciones rechazó los recursos interpuestos por el Estado venezolano y confirmó la continuidad del proceso.
La Fiscalía de la CPI concluyó que existe una base razonable para sostener que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad. El entonces fiscal jefe, Karim Khan, afirmó que los hechos investigados no son aislados, sino que responden a un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, ejecutado de conformidad con una política de Estado o, al menos, con la aquiescencia de las autoridades gubernamentales.
Las investigaciones recabaron testimonios e indicios que describen persecuciones políticas, arrestos sin fundamento legal, detenciones prolongadas y actos de tortura perpetrados principalmente por fuerzas de seguridad estatales y organismos de inteligencia, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), con apoyo de grupos progubernamentales. Según la Fiscalía de la CPI, miles de personas fueron detenidas arbitrariamente desde 2017, cientos de ellas sometidas a tortura y violencia sexual, incluidas agresiones físicas, violaciones y otros tratos crueles.
Los métodos documentados incluyen palizas, asfixia, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas, amenazas de muerte y violencia sexual, así como periodos prolongados de incomunicación. Para la CPI, estas prácticas revelan un patrón consistente de represión que fue alentado o aprobado por el Gobierno venezolano. Asimismo, el organismo concluyó que el sistema judicial del país no demostró capacidad ni voluntad para investigar y sancionar adecuadamente estos delitos.
A lo largo del proceso, el régimen intentó frenar la investigación internacional alegando que existían procedimientos internos en curso. Sin embargo, la Fiscalía de la CPI determinó que dichas acciones no reflejaban el alcance ni la gravedad de los crímenes investigados. En consecuencia, la política de “complementariedad positiva”, orientada a fortalecer la justicia nacional mediante cooperación y asistencia técnica, fue declarada agotada a finales de 2025 por falta de colaboración del Estado venezolano.
En diciembre de ese mismo año, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo derogó la adhesión de Venezuela al Estatuto de Roma, en un intento por sustraerse de la jurisdicción de la CPI. No obstante, especialistas en derecho internacional señalaron que los crímenes cometidos durante el periodo bajo investigación continúan siendo competencia de la Corte, independientemente de un eventual retiro formal.
Los hallazgos de la CPI coinciden con múltiples informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), así como de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Estas entidades documentaron miles de detenciones arbitrarias, especialmente tras procesos electorales y protestas, además del uso sistemático de la tortura y la violencia sexual como mecanismos de control y castigo.
Uno de los informes más contundentes fue presentado por la entonces Alta Comisionada Michelle Bachelet, quien desde 2019 denunció ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, abusos en centros de detención y la impunidad predominante frente a las denuncias. En sus reportes, atribuyó la mayoría de las muertes violentas y violaciones a fuerzas estatales y colectivos armados afines al chavismo, y alertó sobre la falta de garantías judiciales para las víctimas.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU también documentó, en 2022, más de un centenar de casos de tortura y violencia sexual cometidos desde 2014. El informe describió técnicas como posiciones forzadas, asfixia, descargas eléctricas, encadenamientos prolongados y amenazas contra familiares, concluyendo que la recurrencia de estas prácticas evidencia una política de represión sistemática.
Organizaciones venezolanas de derechos humanos, como Provea, registraron cientos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a fuerzas de seguridad en un solo año, señalando la institucionalización de la violencia estatal como herramienta de control social. Sus representantes advirtieron que estas cifras reflejan un grave deterioro del Estado de derecho y una impunidad estructural.
En la actualidad, la investigación de la CPI permanece activa. Durante años, víctimas y organizaciones de la sociedad civil han recurrido a instancias internacionales en busca de justicia, ante la ausencia de mecanismos efectivos a nivel nacional. Las denuncias acumuladas ante la CPI y la ONU constituyen uno de los expedientes más amplios sobre violaciones de derechos humanos en América Latina en las últimas décadas, y continúan siendo un punto central en la evaluación internacional del régimen venezolano.
