La Sala Superior del TEPJF ha ordenado al comité de evaluación reanudar sus actividades en un plazo de 24 horas, tras denunciar penalmente al juez Sergio Santamaría por interferir en el proceso electoral.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha tomado medidas firmes contra quienes intenten obstruir la elección judicial, ordenando al comité de evaluación de este Poder reactivar sus trabajos de manera inmediata, en un plazo de 24 horas. Esta decisión se produce tras una votación dividida que apuntó al juez Sergio Santamaría, quien será denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República por presuntos delitos en contra de la administración de justicia.
La magistrada presidenta Mónica Soto, quien fue ponente en el asunto, subrayó que ninguna autoridad puede someter la jurisdicción del TEPJF a un juicio de amparo. Calificó como “alta gravedad” la actuación del juez que suspendió los trabajos del comité, destacando que su intervención en materia electoral es inaceptable.
“Escapa totalmente de las atribuciones de los jueces de amparo pretender desconocer, cuestionar o interpretar los alcances y efectos de resoluciones definitivas e inatacables emitidas por esta Sala Superior”, afirmó Soto, enfatizando que el TEPJF tiene autonomía e independencia constitucional.
Durante la sesión pública, se leyó un resumen de la ponencia de Soto, que enfatiza que en materia electoral no opera la figura de la suspensión, ya que la continuidad de los procesos electorales es un mandato de orden público. El proyecto fue aprobado con los votos de Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, mientras que Reyes Rodríguez y Janine Otálora votaron en contra, sugiriendo que el caso debería ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia.
De la Mata señaló que el juez “se involucró donde no debe”, argumentando que las resoluciones en materia electoral no deben ser obedecidas por los comités de evaluación. Recordó que el TEPJF ya había determinado que es inconstitucional suspender la realización de procedimientos electorales, destacando que la materia electoral tiene su propia jurisdicción.