El INE entregó 241 propuestas técnicas para la reforma electoral, mientras el gobierno analiza el futuro de las elecciones judiciales de 2027, sujeto a acuerdos legislativos y constitucionales.
El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó formalmente un conjunto de 241 propuestas a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, como parte del proceso de análisis y posible rediseño del sistema electoral mexicano. La entrega se realizó el lunes 12 de enero a las 12:00 horas, en las oficinas donde opera dicha Comisión, con la participación de las once consejerías que integran el Consejo General del organismo electoral.
De acuerdo con el comunicado oficial del INE, las propuestas fueron aprobadas por mayoría durante una sesión previa de la Mesa de Consejerías y derivaron de un ejercicio de discusión colegiada, enfocado en aportar elementos técnicos especializados al debate nacional sobre la reforma electoral.
El documento concentró la experiencia institucional del INE en áreas clave como la organización de elecciones, la viabilidad operativa de los comicios, la normatividad electoral vigente y el fortalecimiento de la participación ciudadana. El objetivo fue ofrecer insumos técnicos que contribuyan a la toma de decisiones legislativas informadas.
A la reunión acudió el Consejo General encabezado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, así como las consejeras y consejeros electorales y la secretaria ejecutiva del Instituto, Claudia Arlett Espino. Con esta acción, el INE reiteró su papel como autoridad técnica responsable de organizar elecciones federales y locales en el país.
El organismo electoral informó que el contenido completo de las propuestas sería difundido posteriormente a la ciudadanía a través de sus canales oficiales, una vez concluido el encuentro con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
En su posicionamiento, el INE subrayó que la entrega de las propuestas tuvo un carácter estrictamente institucional y técnico, sin fines políticos. Asimismo, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la democracia mexicana y con la construcción de un marco electoral que garantice certeza, legalidad, imparcialidad y confianza ciudadana. También destacó su disposición permanente al diálogo institucional con los poderes de la Unión.
En paralelo, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema de la reforma electoral y el futuro de las elecciones judiciales previstas para 2027. Señaló que el gobierno federal aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si dichos comicios se mantendrán en esa fecha o si podrían modificarse.
La mandataria explicó que cualquier cambio en el calendario requeriría una reforma constitucional, ya que la legislación vigente establece la realización de las elecciones judiciales en 2027. Subrayó la importancia de analizar el tema de manera conjunta con el INE para evitar complicaciones logísticas para la ciudadanía.
Uno de los principales retos, indicó, sería evitar que las y los votantes tengan que acudir a dos casillas distintas el mismo día, en caso de que las elecciones judiciales coincidan con las elecciones ordinarias, cuando se renovarían 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales y diversos cargos locales.
En este contexto, la reforma electoral en análisis desde el Ejecutivo y el Legislativo contempla ajustes de fondo al sistema electoral. Durante reuniones con coordinadores parlamentarios de Morena y con Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, se revisaron plazos y escenarios para la presentación y eventual aprobación de la iniciativa.
Entre los principales temas que se plantearon modificar se encuentran la organización de las elecciones del Poder Judicial, la coincidencia o separación de comicios federales, locales y judiciales, la reducción de costos electorales, la simplificación de la estructura operativa, los tiempos de organización, las reglas de participación ciudadana y los cambios al marco constitucional y legal. El gobierno dejó abierto el escenario para que la reforma electoral entre en vigor en 2027 o en 2030, dependiendo de los consensos legislativos alcanzados.
