Claudia Sheinbaum expuso en la mañanera los lujos, seguros y apoyos de exministros de la Suprema Corte, contrastándolos con la reducción de gastos en la actual administración.
Luego de la controversia generada por el gasto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la adquisición de togas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó durante su conferencia de prensa matutina una comparativa entre los gastos y beneficios que tenían ministros de administraciones anteriores y los que existen actualmente en el máximo tribunal del país.
Durante la exposición, la mandataria señaló que en el pasado la SCJN justificaba diversos gastos bajo el concepto de documentación oficial; sin embargo, entre los comprobantes se encontraban pagos relacionados con servicios y apoyos que iban desde el traslado urgente de objetos olvidados hasta la obtención de accesos a preventas de espectáculos a través de plataformas como Ticketmaster.
Sheinbaum explicó que un día antes el presidente de la Suprema Corte y el titular del Órgano Administrativo, Néstor Vargas, ofrecieron una conferencia de prensa, lo que la llevó a solicitar a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, un comparativo detallado entre las condiciones de los ministros del pasado y las actuales. “Me llamó mucho lo que dijeron, así que pedí que me enviaran la diferencia entre el antes y el después”, comentó la presidenta.
En cuanto a percepciones salariales, la mandataria detalló que el sueldo mensual neto de un ministro en administraciones anteriores era de 206 mil 947 pesos con 56 centavos, mientras que para 2026 se tiene previsto un ingreso de 134 mil 310 pesos. En ese contexto, cuestionó que anteriormente no se discutieran públicamente estos ingresos, a diferencia de la polémica reciente por el gasto en vestimenta oficial.
Sheinbaum también hizo referencia a las prestaciones adicionales, señalando que antes los ministros contaban con un seguro de gastos médicos mayores cuyo costo mensual ascendía a 36 mil 906 pesos, beneficio que actualmente ya no existe. A ello se sumaban otras prestaciones como el seguro de separación individualizado, con un monto de 523 mil 314 pesos; aportaciones anuales a la seguridad social por 85 mil pesos; prima vacacional de 95 mil 475 pesos; aguinaldo de 585 mil 376 pesos; seguro de vida por 37 mil pesos y un pago por riesgo que alcanzaba los 639 mil 917 pesos, conceptos que, de acuerdo con la presidenta, hoy ya no se otorgan.
Respecto a otros gastos complementarios, la presidenta informó que en 2023, al sumar erogaciones en medicinas para personal activo y en retiro, chequeos médicos, apoyos alimentarios, becas, telefonía y material bibliohemerográfico, el gasto total fue de 11 millones 157 mil 148 pesos con 85 centavos. Para 2024, esta cifra se redujo a 10 millones 811 mil 925 pesos con 53 centavos, mientras que en 2025 descendió a 7 millones 156 mil 097 pesos. Para 2026, dijo, únicamente se tiene proyectado un gasto de 200 mil pesos en estos rubros.
Adicionalmente, Sheinbaum señaló que los ministros contaban con 149 apoyos gestionados por el área de atención en trámites de carácter no oficial. De estos, 59 ya fueron cancelados y se mantiene un diálogo para eliminar los 90 restantes. En la lista presentada durante la conferencia se incluyeron servicios como contratación de suministros básicos en domicilios particulares, telefonía celular, reparaciones de electrodomésticos, compra de despensa, mantenimiento de elevadores y jardines, solicitud de pipas de agua, compra y traslado de alimentos, reservas en restaurantes, gestión de boletos y lugares preferenciales en eventos deportivos y espectáculos, así como servicios relacionados con OCESA y Ticketmaster.
También se mencionaron apoyos para trámites bancarios, traslados de familiares, asignación de personal para labores domésticas o de guardia en domicilios, compra de boletos de avión, reservaciones de hospedaje, servicios médicos y hospitalarios para familiares no directos, así como gestiones para importaciones, mudanzas y mantenimiento de viviendas particulares.
La presidenta subrayó que la exposición de estos datos busca evidenciar el contraste entre los privilegios del pasado y el nuevo enfoque de austeridad y racionalidad del gasto público, reiterando que el objetivo es fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones del Estado, incluida la Suprema Corte.
