La presidenta afirmó que la FGR profundiza la investigación del secuestro de 14 mineros en Sinaloa y analiza si hubo extorsión, mientras Vizsla Silver suspendió operaciones en Concordia.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República continúa investigando el motivo del secuestro de 14 ingenieros y mineros en Concordia, Sinaloa, y subrayó que no se tomará como única versión la declaración de una persona detenida.
Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló previamente que, según declaraciones de detenidos, las víctimas habrían sido confundidas con integrantes de un grupo criminal. No obstante, aclaró que la Fiscalía realiza una indagatoria más amplia para esclarecer las causas.
Sheinbaum indicó que las autoridades mantienen diálogo con familiares de los trabajadores y con empleados de la empresa minera Vizsla Silver, donde laboraban al menos 10 de las víctimas. También se analiza si existieron condiciones de extorsión o posibles responsabilidades relacionadas con la empresa.
La presidenta agregó que se sostendrán reuniones con representantes de la industria minera para conocer si el sector enfrenta esquemas de extorsión y definir medidas que permitan proteger tanto la actividad productiva como a los trabajadores.
En este contexto, recordó que desde julio de 2025 su gobierno implementó una Estrategia Nacional contra la Extorsión, enfocada en atender y erradicar ese delito en el país. Sin embargo, puntualizó que en este caso específico corresponde a la Fiscalía determinar si el secuestro estuvo vinculado con amenazas o cobros ilícitos.
Por su parte, Vizsla Silver anunció la suspensión indefinida de sus operaciones presenciales en Concordia, tras el secuestro de diez trabajadores, cinco de los cuales fueron localizados sin vida. La empresa informó que continuará únicamente con labores administrativas y de exploración a distancia, reiterando su colaboración con autoridades mexicanas.
Familiares y colectivos han solicitado mayor información y garantías de seguridad, en medio de un contexto de violencia que impacta a la industria minera en la región.
