La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una iniciativa para limitar pensiones y jubilaciones privilegiadas de exfuncionarios, con el objetivo de ahorrar 5 mil millones de pesos que serán destinados a programas sociales.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que enviará al Congreso una iniciativa de reforma orientada a eliminar privilegios en jubilaciones y pensiones otorgadas a exfuncionarios públicos de alto nivel. La propuesta, presentada durante la conferencia matutina, busca establecer límites a los montos que perciben algunos exservidores públicos y, de acuerdo con el gobierno federal, permitirá generar ahorros por aproximadamente 5 mil millones de pesos, recursos que serían destinados a programas sociales.
La mandataria explicó que el objetivo principal es ajustar el esquema actual para que las pensiones de altos mandos no superen el 50 por ciento de la remuneración asignada al titular del Poder Ejecutivo federal. La medida, aclaró, no aplicaría al Poder Judicial y respetaría aquellos casos contemplados en condiciones generales de trabajo establecidas previamente.
Sheinbaum señaló que esta propuesta forma parte de una política más amplia orientada a reducir privilegios dentro de la administración pública y promover un uso responsable del gasto gubernamental. En ese sentido, indicó que existen casos heredados de administraciones anteriores donde exfuncionarios reciben percepciones que incluso superan el salario presidencial, situación que consideró incompatible con los principios de austeridad y equidad social.
Durante la presentación, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que la iniciativa busca establecer límites claros y razonables en las jubilaciones financiadas con recursos públicos, así como garantizar que el sistema de pensiones mantenga sostenibilidad financiera a largo plazo.
Según el planteamiento del Ejecutivo, el ajuste pretende corregir esquemas que han permitido pagos elevados a ciertos grupos de exfuncionarios, mientras una gran parte de la población pensionada recibe montos considerablemente menores. La presidenta sostuvo que este tipo de beneficios genera inconformidad social y que es necesario revisar su viabilidad bajo criterios de justicia y responsabilidad fiscal.
La iniciativa se apoya en información difundida por el propio gobierno federal en agosto de 2025, cuando se presentó un informe sobre pensiones consideradas exorbitantes dentro de algunas empresas públicas. Entre los ejemplos citados se encuentran casos de extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro y de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuyos esquemas de jubilación han sido señalados por el alto costo que representan para las finanzas públicas.
De acuerdo con los datos expuestos en ese reporte, alrededor de 14 mil 073 extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro reciben pagos anuales que, en conjunto, superan los 28 mil millones de pesos. El análisis indica que cerca de 9 mil 457 de ellos perciben pensiones mensuales que oscilan entre los 100 mil pesos y hasta un millón de pesos, e incluso algunos casos rebasan el salario neto de la presidenta.
En el caso de Pemex, el gobierno informó que existen más de 22 mil pensionados bajo el régimen de confianza, con un costo anual aproximado de 24 mil 844 millones de pesos. Según cifras oficiales, al menos 544 personas perciben montos superiores a las remuneraciones presidenciales, y algunos pagos llegan a ubicarse hasta 39 veces por encima del promedio nacional de pensiones.
Las cifras presentadas han generado discusión pública sobre la equidad y sostenibilidad de estos sistemas. Mientras algunos sectores consideran necesario revisar los esquemas para garantizar un mejor uso de los recursos públicos, otros advierten sobre posibles implicaciones legales y laborales al modificar acuerdos previamente establecidos.
La administración federal sostiene que la propuesta no pretende afectar derechos adquiridos de manera arbitraria, sino establecer límites razonables y alineados a una política de austeridad republicana. En este sentido, el gobierno argumenta que los recursos que se logren ahorrar podrán destinarse a programas sociales enfocados en sectores vulnerables.
La iniciativa será analizada por el Congreso, donde se discutirán sus alcances, el marco legal aplicable y el impacto presupuestal que podría tener en los próximos años. De aprobarse, el nuevo esquema modificaría la forma en que se calculan y asignan ciertas jubilaciones dentro del sector público.
Con esta medida, el Ejecutivo busca reforzar el discurso de combate a privilegios y consolidar un modelo de gasto público orientado a reducir desigualdades, en un contexto donde el tema de las pensiones continúa siendo uno de los principales debates en materia económica y administrativa en el país.
