En entrevista con Newsmax, Omar García Harfuch reveló que, tras la muerte de «El Mencho», el Gobierno de México perseguirá a los operadores financieros y legales que sostienen al narco bajo una política de «cero impunidad».
La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha catapultado la relevancia internacional de la estrategia de seguridad mexicana. En una entrevista concedida a la cadena estadounidense Newsmax este 13 de marzo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló la magnitud del operativo militar que culminó con el abatimiento del capo y anunció el siguiente paso en la lucha contra el crimen organizado.
Harfuch describió una maniobra quirúrgica ejecutada por el Ejército Mexicano en cuestión de horas. El despliegue incluyó tres componentes estratégicos: Fuerzas Especiales en tierra, el apoyo aéreo de seis helicópteros especializados y el soporte de aviones de la Fuerza Aérea, todo bajo la coordinación de la SEDENA. Según el funcionario, este éxito es el resultado de meses de investigación y el uso de inteligencia proporcionada por Estados Unidos, aunque aclaró que no hubo operaciones conjuntas en terreno.
El nuevo objetivo
El secretario fue enfático al señalar que el combate a los cárteles entrará en una fase de desmantelamiento de sus estructuras de soporte. Al ser cuestionado sobre si la persecución se limitará a los capos, Harfuch respondió: «Absolutamente… vamos a ir tras ellos», refiriéndose a quienes brindan respaldo financiero y legal desde las sombras. El objetivo es eliminar la base que permite a estas organizaciones operar y corromper instituciones, enviando un mensaje claro de que no habrá impunidad para los facilitadores del crimen.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reforzó la legitimidad del operativo, subrayando que su administración se deslinda de las prácticas de ejecuciones extralegales del pasado. La mandataria aclaró que la acción se fundamentó en una orden de aprehensión emitida por un juez, y no en una instrucción presidencial directa. Sheinbaum destacó que el respeto al proceso judicial es la base de la nueva política de seguridad, marcando una distancia ética y legal con administraciones anteriores.
