El diputado Carlos Tafolla sugirió la pena de muerte para el menor que asesinó a dos maestras en Michoacán, mientras investigaciones revelan que el arma fue ocultada en una funda de guitarra.
El debate político en Michoacán se ha intensificado tras las declaraciones del diputado Carlos Bautista Tafolla, quien calificó como necesaria la pena de muerte para el adolescente de 15 años responsable del asesinato de dos docentes en Lázaro Cárdenas. El legislador, integrante del «Movimiento del Sombrero», argumentó que ante la gravedad de arrebatarle la vida a dos madres de familia, la justicia debería ser máxima, extendiendo la responsabilidad penal incluso a los padres del menor por la falta de vigilancia del armamento.
A pesar de la postura del diputado, su propuesta enfrenta una barrera legal infranqueable, ya que iniciativas similares presentadas por él en 2025 fueron rechazadas por el Congreso local al ser consideradas inconstitucionales. No obstante, Tafolla insiste en que la ley debe reformarse para aplicar «mano dura» contra quienes asesinen a personas inocentes, independientemente de las convenciones actuales.
Paralelamente, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, ofreció detalles escalofriantes sobre la mecánica del crimen obtenidos mediante las cámaras de seguridad del plantel Anton Makárenko. El video muestra cómo el joven ingresó a las 7:30 horas ocultando un rifle AR-15 dentro de una funda de guitarra para no levantar sospechas. Una vez dentro, ejecutó un ataque directo: disparó por la espalda a la primera maestra y persiguió a la segunda detrás de un mostrador, disparándole en al menos siete ocasiones.
La investigación también arrojó que el joven compartió videos en sus redes sociales nueve horas antes del atentado. En dicho material, no solo presumía el arma y el atuendo que utilizaría, sino que también difundía mensajes de odio contra las mujeres, lo que refuerza la hipótesis de un crimen planeado con tintes de misoginia. Finalmente, se confirmó que el arma pertenecía al entorno familiar, señalando que el padrastro del agresor labora para la Secretaría de Marina (Semar) en el puerto local, lo que abre una línea de investigación sobre la procedencia y el resguardo del fusil.
