La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó que el Plan B electoral no incluyera adelantar la revocación de mandato, aunque celebró la eliminación de privilegios y reducción de gastos en organismos públicos.
Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó un análisis sobre los resultados de su iniciativa de reforma electoral, denominada Plan B. La mandataria expresó que, si bien la reforma logró avanzar en puntos cruciales para la austeridad republicana, existe una omisión que considera negativa para el desarrollo democrático del país: el hecho de que no se aprobara adelantar el proceso de revocación de mandato para coincidir con las elecciones intermedias.
Sheinbaum cuestionó los argumentos de la oposición y de quienes rechazaron esta posibilidad, señalando que no existe un problema real en permitir que la ciudadanía evalúe el desempeño de la administración en el mismo año de los comicios legislativos. La presidenta calificó como una interpretación inaceptable la idea de que esta coincidencia de fechas otorgaría una ventaja injusta de votos a un partido político, insistiendo en que negar esta opción no beneficia a la nación.
En cuanto a los alcances positivos de la reforma, la jefa del Ejecutivo Federal subrayó que la parte medular correspondía a la optimización de los recursos públicos. Destacó que el Plan B obligará a los consejeros electorales a ajustar sus salarios para que sean inferiores al de la Presidenta de la República. Asimismo, se establecieron prohibiciones estrictas para la contratación de seguros de gastos médicos mayores y esquemas de separación individualizada, tanto en los organismos electorales como en los congresos locales. Según sus palabras, estas medidas pondrán fin al desperdicio de dinero del erario en privilegios innecesarios.
Respecto a la operatividad política, la mandataria fue consultada sobre la continuidad de la coalición integrada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Sheinbaum señaló que la decisión de mantener la alianza corresponde directamente a las dirigencias de los partidos, aunque reconoció la eficacia de este bloque para consolidar reformas de gran calado. Entre los logros mencionados destacan la reforma al Poder Judicial, la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como modificaciones estructurales en materia de energía y la Ley de Aguas, sumando un total de 16 reformas constitucionales impulsadas en conjunto.
Finalmente, la presidenta reiteró que la reducción del número de regidores en los municipios y el recorte de gastos en los congresos estatales eran objetivos prioritarios de su administración para garantizar que el presupuesto se utilice de manera eficiente y sin ostentaciones por parte de los servidores públicos.
