Juzgar a menores como adultos no reduciría la violencia juvenil en México, advirtió un especialista, quien pidió priorizar salud mental, prevención y detección temprana tras el caso Michoacán.
El asesinato de dos maestras en Michoacán a manos de un menor de edad volvió a encender el debate nacional sobre si niñas, niños y adolescentes que cometen delitos graves deberían ser juzgados como adultos en México. Sin embargo, especialistas en salud mental advierten que endurecer las penas no resolvería el problema de fondo.
El coordinador de la Clínica de Bienestar Universitario de la Universidad Iberoamericana, Antonio Tena Suck, señaló que juzgar a menores como adultos no contribuirá a disminuir la violencia juvenil, y consideró que el enfoque debe centrarse en la prevención, la salud mental y la detección oportuna de señales de riesgo.
De acuerdo con sus declaraciones difundidas por Prensa Ibero, el académico sostuvo que la violencia en adolescentes suele ser la manifestación visible de problemas emocionales no atendidos, mismos que pueden comenzar desde la infancia y agravarse con el paso del tiempo si no reciben acompañamiento adecuado.
El especialista explicó que conductas como tristeza persistente, problemas para controlar la ira, aislamiento o actitudes violentas pueden ser señales de alerta que deben atenderse antes de que escalen a situaciones más graves. Por ello, insistió en que el bienestar emocional debe abordarse de manera integral, considerando aspectos físicos, psicológicos, sociales y culturales.
También advirtió que en México los sistemas de atención psicológica suelen verse rebasados, lo que limita la posibilidad de brindar apoyo oportuno a niñas, niños y adolescentes. En ese contexto, planteó fortalecer programas de salud mental en escuelas, universidades y otros espacios educativos, no solo con psicólogos, sino mediante equipos multidisciplinarios y rutas claras de atención.
Entre las medidas sugeridas, destacó la implementación de primeros auxilios psicológicos, la capacitación de docentes y personal administrativo para detectar señales de riesgo, y la participación de trabajadores de distintas áreas escolares para identificar cambios de conducta que puedan requerir intervención.
Sobre el caso ocurrido en Michoacán, Tena Suck advirtió que en hechos de esta magnitud suele haber antecedentes o señales que no fueron detectadas a tiempo. Consideró que esperar a que ocurra una tragedia para actuar refleja una falla en los sistemas de prevención y acompañamiento emocional.
El caso que detonó nuevamente esta discusión es el de Osmar “N”, un adolescente de 15 años acusado de feminicidio y portación de arma de fuego tras asesinar a dos maestras dentro de una preparatoria en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Según las investigaciones, el ataque fue directo y quedó registrado por cámaras de vigilancia.
Las víctimas fueron identificadas como María del Rosario “N” y Tatiana “N”. El caso generó una fuerte exigencia de justicia por parte de familiares y ciudadanía, además de cuestionamientos sobre si el menor debería enfrentar un proceso como adulto. No obstante, por su edad, la pena máxima que podría alcanzar sería de tres años de internamiento, conforme al marco legal vigente para adolescentes.
En medio de la indignación que provocó el crimen, especialistas insisten en que la respuesta no debe limitarse al castigo, sino a construir mecanismos reales de prevención que permitan intervenir antes de que la violencia escale y cobre más vidas.
