La SRE exigió investigar la muerte de un mexicano bajo custodia del ICE en California, sumando 14 casos en el actual mandato de Trump. En Veracruz, un trailero fue vinculado a proceso por transportar a 229 migrantes hacinados.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México emitió una enérgica demanda de investigación ante el Gobierno de los Estados Unidos tras confirmarse el fallecimiento de un ciudadano mexicano el pasado 25 de marzo. El connacional se encontraba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro de procesamiento de Adelanto, California, cuando fue trasladado de urgencia a un hospital en Victorville, donde finalmente perdió la vida. Con este deceso, la cifra de mexicanos que han muerto bajo custodia o en operativos migratorios durante el segundo periodo presidencial de Donald Trump asciende a 14 víctimas.
El Consulado de México en San Bernardino ha tomado las riendas del caso, estableciendo contacto con los familiares para brindar asistencia consular y acompañamiento jurídico. La cancillería mexicana señaló directamente al centro de Adelanto por presentar «evidentes deficiencias y graves omisiones» en la atención médica de los internos, exigiendo el expediente clínico completo para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte, la cual aún no ha sido determinada oficialmente por los peritos estadounidenses. México reafirmó que utilizará todos los canales diplomáticos para visibilizar esta problemática y garantizar que no se vulneren los derechos de los paisanos en el exterior.
En territorio nacional, las autoridades judiciales reportaron avances en el combate al tráfico de personas. Un juez federal dictó vinculación a proceso en contra de Jesús «L», un chofer de tráiler que fue interceptado en la carretera Veracruz-Xalapa con 229 personas extranjeras ocultas en la caja de la unidad. El rescate, realizado por elementos de la Policía Estatal a la altura de la localidad de Palo Gacho, puso a salvo a 213 guatemaltecos (incluyendo 24 menores de edad), además de ciudadanos de El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Honduras y Perú, quienes viajaban en condiciones de hacinamiento extremo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas contundentes ante el juez, quien determinó que el imputado deberá permanecer en prisión preventiva justificada durante el tiempo que dure el proceso penal. Jesús «L» ya fue ingresado al Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo, en Coatepec, Veracruz. Este caso subraya la intensidad del flujo migratorio y los riesgos que enfrentan las personas en tránsito, así como la determinación del gabinete de seguridad federal para desarticular las redes de transporte ilegal de migrantes en el sureste del país.
