Comité de la ONU pidió evaluar si las desapariciones en México constituyen crimen de lesa humanidad y solicitó medidas urgentes ante la magnitud de la crisis.
En un pronunciamiento de alto impacto internacional, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ha elevado una petición formal al secretario general de la ONU, António Guterres, para que la Asamblea General considere la situación de México como una crisis de magnitud comparable a los crímenes de lesa humanidad. Según el presidente del comité, Juan Albán-Alencastro, la calificación de estos delitos no depende exclusivamente de una orquestación desde las altas esferas gubernamentales, sino del patrón sistemático de los ataques, su escala y el hecho de estar dirigidos contra la población civil.
El diagnóstico del comité es severo: a pesar de las recomendaciones emitidas tras su visita al país en 2021, la situación no ha presentado mejoras sustanciales. El organismo citó datos alarmantes sobre el hallazgo de fosas comunes clandestinas que contienen más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos, la gran mayoría de los cuales permanecen en calidad de no identificados. Esta acumulación de evidencia física subraya una crisis forense que ha superado las capacidades operativas y estructurales del Estado mexicano, dejando a miles de familias en la incertidumbre.
Aunque el comité reconoció que muchas desapariciones ocurren en el contexto de la «guerra contra las drogas» y son perpetradas por grupos delictivos, advirtió sobre un matiz crítico: la posible participación directa o aquiescencia de funcionarios públicos. El informe señala que las investigaciones en curso arrojan sospechas de vínculos entre el crimen organizado y servidores del Estado, lo que agrava la responsabilidad institucional en la prevención y erradicación de este delito.
Ante este panorama, los expertos de la ONU proponen que la Asamblea General despliegue medidas de apoyo extraordinarias. Estas incluirían cooperación técnica especializada, financiamiento internacional y asistencia en análisis forense avanzado para agilizar la identificación de restos. El objetivo es desarticular los nexos entre autoridades y criminales, así como fortalecer los procesos de búsqueda exhaustiva que, hasta ahora, han sido liderados en gran medida por colectivos de familiares ante la insuficiencia de las reformas estructurales en el país.
