La reacción al informe de la ONU sobre desapariciones exhibe posturas opuestas entre la CNDH y la CDHCM, reflejando una fractura institucional en México.
La crisis de desaparecidos en México volvió a evidenciar divisiones institucionales luego del pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas, que anunció que llevará la situación del país ante la Asamblea General.
Este posicionamiento internacional generó reacciones distintas entre organismos públicos de derechos humanos en México. Mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuestionó el informe y el proceso mediante el cual fue elaborado, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) lo interpretó como una oportunidad para fortalecer el diálogo y la cooperación internacional.
México enfrenta una crisis profunda, con más de 100 mil personas desaparecidas registradas. Sin embargo, la respuesta institucional no ha sido uniforme. La postura de la CNDH coincide en gran medida con la del gobierno federal, al señalar inconsistencias en el informe del CED y cuestionar la información proporcionada por organizaciones no gubernamentales.
El organismo nacional argumentó que el comité de la ONU no agotó los recursos internos antes de emitir su dictamen, lo cual, según la convención internacional aplicable, es un requisito previo. Además, subrayó que el propio informe presenta contradicciones, ya que reconoce violaciones graves a derechos humanos durante el periodo de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, especialmente en el sexenio de Felipe Calderón, pero no identifica una política sistemática actual de desapariciones forzadas impulsada por el Estado.
En ese mismo sentido, la CNDH sostuvo que, en comparación con etapas anteriores como la Guerra Sucia o el periodo comprendido entre 2006 y 2012, las desapariciones forzadas atribuibles a autoridades federales han disminuido desde 2018.
Por su parte, la CDHCM adoptó una postura distinta. Bajo la presidencia de María Dolores González Saravia, el organismo capitalino calificó el informe del CED como “una oportunidad para crear un diálogo constructivo y participativo”. Asimismo, enfatizó que, ante la magnitud de la crisis de desaparecidos en México, el país debe mantener una actitud abierta al escrutinio internacional y a la cooperación técnica.
A diferencia de la CNDH, la CDHCM evitó centrarse en debates históricos o en la validez procedimental del informe. En cambio, puso el foco en la urgencia del problema actual, señalando que la desaparición de personas representa uno de los desafíos más apremiantes del país. En este contexto, insistió en la necesidad de fortalecer los esfuerzos institucionales y garantizar resultados concretos, con la participación activa de las familias de las víctimas.
El contraste entre ambas instituciones no se limita al tono de sus declaraciones, sino que refleja diferencias estructurales sobre cómo abordar la crisis. Por un lado, la CNDH prioriza el respeto a los procedimientos nacionales y cuestiona la intervención internacional sin el agotamiento previo de instancias internas. Por otro, la CDHCM considera que la cooperación internacional es un componente esencial para enfrentar un problema de tal magnitud.
Esta divergencia pone en evidencia una fractura institucional en la manera en que se interpreta el papel del escrutinio global frente a la crisis de desaparecidos en México. Mientras una postura busca limitar la intervención externa, la otra la promueve como una herramienta necesaria para avanzar en la solución.
En medio de este debate, la realidad de las familias afectadas permanece sin cambios significativos. Los colectivos de búsqueda continúan realizando labores en campo, muchas veces con recursos limitados y sin el respaldo suficiente de las autoridades, en un esfuerzo constante por localizar a sus seres queridos.
La discrepancia entre organismos refleja no solo un desacuerdo técnico, sino también una diferencia de enfoque sobre las estrategias para atender una de las crisis humanitarias más graves del país, cuya solución sigue siendo una deuda pendiente.
