La UIF y autoridades de EU sancionaron a 23 personas y empresas vinculadas al Cártel del Pacífico y La Nueva Familia Michoacana por distribución de precursores químicos, drogas sintéticas y lavado de dinero.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la Unidad de Inteligencia Financiera coordinó acciones con autoridades de Estados Unidos para identificar y sancionar a una red presuntamente vinculada con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas. Como resultado de ese trabajo conjunto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EU designó a 23 sujetos, nueve personas físicas y 14 morales, identificados con vínculos al Cártel del Pacífico y La Nueva Familia Michoacana.
Las investigaciones revelaron que la red utilizaba empresas en sectores logísticos, comerciales y de transporte para facilitar la adquisición y el traslado de insumos químicos, operando bajo una fachada de legalidad que ocultaba su verdadera actividad. Los análisis financieros, fiscales y corporativos realizados por la UIF también detectaron transferencias internacionales hacia jurisdicciones consideradas de riesgo, inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos realmente operados, posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal. Además, diversas instituciones financieras emitieron alertas por movimientos atípicos relacionados con comercio internacional que encendieron las alarmas de la unidad.
Como consecuencia de los hallazgos, la UIF presentó denuncias formales ante la Fiscalía General de la República e incluyó a varios de los involucrados en su lista de personas bloqueadas, medida que busca impedir que los señalados puedan seguir utilizando el sistema financiero mexicano para mover recursos ilícitos.
Las autoridades destacaron que este tipo de coordinación internacional es fundamental para limitar el flujo de dinero del crimen organizado y debilitar sus estructuras financieras, en apego a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional. El caso también pone de relieve el papel que juegan las empresas formalmente constituidas como vehículos para el lavado de activos y el abastecimiento de insumos al narcotráfico.
