El gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos acudieron ante la FGR para presentar su declaración.
El gobernador del estado de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, compareció de manera voluntaria ante las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en la ciudad de Culiacán, a fin de rendir su declaración formal respecto a los señalamientos emitidos en su contra por agencias de seguridad y de justicia de los Estados Unidos que lo vinculan con presuntas actividades de protección al narcotráfico.
A través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales oficiales, el mandatario sinaloense bajo licencia confirmó que atendió el citatorio de las autoridades ministeriales en tiempo y forma, respondiendo minuciosamente a los cuestionamientos de la Agente del Ministerio Público Federal. «Con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca. Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora», aseveró Rocha Moya tras concluir el desahogo de su declaración jurídica.
Este acto procesal se desprende del anuncio efectuado el pasado sábado por la FGR, donde se notificó la apertura de una carpeta de investigación en territorio nacional derivada de la acusación formal interpuesta el 29 de abril por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El Departamento de Justicia estadounidense sostiene la hipótesis de que un grupo de servidores públicos conspiró con la cúpula del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico masivo de narcóticos a cambio de prebendas monetarias y apoyo político.
La jornada de recopilación de testimonios también incluyó la declaración del senador de la República por el partido Morena, Enrique Inzunza Cázares, quien detalló que asistió a la cita sin el acompañamiento de un cuerpo de asesores jurídicos, asumiendo su propia defensa legal. Inzunza manifestó su disposición total de comparecer ante la justicia ordinaria sin acogerse a los privilegios de inmunidad procesal o excepciones que establece el marco normativo para los integrantes del Poder Legislativo.
De igual forma, el vicefiscal general de Sinaloa con licencia, Dámaso Castro Saavedra, acudió a las oficinas de la delegación federal para asentar su declaración ministerial. Al abandonar el recinto, Castro Saavedra rechazó de forma categórica las imputaciones de la justicia norteamericana y confió en que las indagatorias de la FGR logren esclarecer los hechos conforme a derecho.
Con estas comparecencias, la totalidad de los funcionarios públicos de la entidad federativa requeridos en la lista del gobierno estadounidense —que incluye mandos policiacos, secretarios y presidentes municipales— han desahogado sus respectivas entrevistas de ley ante la representación social de la federación mexicana.
