La ciudadanía por nacimiento seguirá vigente en Estados Unidos luego de que la Suprema Corte rechazó la orden ejecutiva impulsada por Donald Trump para limitar ese derecho.
La Suprema Corte de Estados Unidos rechazó el intento del presidente Donald Trump de modificar la aplicación de la ciudadanía por derecho de nacimiento, al declarar improcedente la orden ejecutiva que buscaba restringir ese beneficio constitucional para hijos de inmigrantes que permanecen en el país de manera temporal o sin autorización legal.
Con una votación de seis magistrados a favor y tres en contra, el máximo tribunal estadounidense confirmó que los menores nacidos en territorio estadounidense continúan siendo ciudadanos desde el momento de su nacimiento, tal como lo establece la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.
La resolución fue emitida durante el último día del actual periodo de sesiones de la Suprema Corte, una etapa marcada por diversos casos relacionados con las facultades presidenciales de Donald Trump, en los que el tribunal había respaldado en varias ocasiones las decisiones del mandatario.
En esta ocasión, sin embargo, los jueces mantuvieron la interpretación histórica de la Decimocuarta Enmienda al señalar que las personas nacidas en Estados Unidos se encuentran sujetas a la jurisdicción del país y, por lo tanto, adquieren automáticamente la ciudadanía estadounidense.
El fallo también reafirma más de un siglo de precedentes judiciales, entre ellos el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark, resuelto en 1898, considerado una referencia fundamental para establecer que la ciudadanía por nacimiento aplica prácticamente a todas las personas nacidas dentro del territorio estadounidense, sin importar la situación migratoria de sus padres.
La administración de Trump había sostenido que las condiciones actuales de la migración irregular justificaban una nueva interpretación de la Constitución y argumentó que el contexto moderno era distinto al existente cuando se estableció dicho criterio jurídico.
No obstante, el presidente de la Suprema Corte, John Roberts, rechazó ese razonamiento al sostener que, aunque las circunstancias hayan cambiado con el paso del tiempo, la Constitución mantiene el mismo alcance jurídico. En su argumento afirmó: «Es un mundo nuevo, pero es la misma Constitución».
La decisión representa un revés para la estrategia migratoria impulsada por Donald Trump, quien buscaba limitar la obtención automática de la ciudadanía mediante una orden ejecutiva y reforzar su política de control migratorio.
Asimismo, el fallo constituye un nuevo límite al uso de decretos presidenciales para modificar derechos constitucionales previamente reconocidos por la legislación y por la propia Suprema Corte. Durante los últimos años, Trump ha cuestionado en diversas ocasiones las resoluciones del Poder Judicial, incluyendo aquellas emitidas por jueces designados durante su propia administración, cuando estas no coincidieron con sus políticas.
Con esta resolución, la Suprema Corte mantiene vigente el principio constitucional de la ciudadanía por nacimiento y confirma que cualquier modificación a ese derecho requeriría cambios constitucionales y no únicamente decisiones adoptadas mediante órdenes ejecutivas.
