La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el caso Dafne y la operación de las academias militarizadas en Tamaulipas corresponden a las autoridades estatales.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las academias o centros de formación con disciplina militar no dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), por lo que señaló que corresponde al Gobierno de Tamaulipas investigar tanto la muerte de Dafne Zapata como el funcionamiento de este tipo de instituciones en la entidad.
Durante la conferencia matutina de este miércoles, la mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de que el Gobierno federal revise las actividades de estos centros tras el fallecimiento de la adolescente ocurrido durante un campamento en Ciudad Madero, Tamaulipas.
En respuesta, Sheinbaum explicó que estas academias son instituciones estatales de carácter educativo que adoptan un esquema de formación basado en disciplina militar, pero que no forman parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional.
«Sí, no dependen de la Secretaría de la Defensa. Es decir, son centros estatales de educación, que tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina», declaró.
La presidenta añadió que corresponde al Gobierno de Tamaulipas realizar todas las investigaciones relacionadas con la muerte de la menor y revisar las condiciones bajo las cuales operan estos centros educativos.
«En este caso, pues es de Tamaulipas y es el gobierno del estado quien debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros», expresó.
Asimismo, hizo un llamado para que el caso sea esclarecido y se haga justicia por el fallecimiento de Dafne.
Las declaraciones de la mandataria se producen después de que Alejandra Quintos, madre de la adolescente, denunciara públicamente presuntas irregularidades en la investigación iniciada tras la muerte de su hija, ocurrida el pasado 17 de julio en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero.
En entrevistas con diversos medios de comunicación, la madre exigió justicia y manifestó su preocupación por la posibilidad de que los presuntos responsables abandonen el país debido a la falta de avances significativos en las investigaciones.
Señaló que, aunque el certificado de defunción clasificó el caso como homicidio y la Fiscalía abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio, hasta el momento no se han reportado personas detenidas ni sujetas a prisión preventiva.
La familia también aseguró que existen antecedentes de denuncias por presuntos malos tratos y abusos dentro de la academia, las cuales, afirman, no prosperaron.
De acuerdo con la necropsia, la causa de muerte fue asfixia por sumersión, luego de encontrarse exceso de agua en los pulmones y la tráquea de la adolescente. Sin embargo, Alejandra Quintos sostiene que su hija fue víctima de tortura y ha solicitado que el delito sea reclasificado, además de considerar la realización de una nueva necropsia.
La madre afirmó haber recibido testimonios de otras personas que denuncian presuntos casos de violencia y abuso en instituciones militarizadas, tanto públicas como privadas.
Entre sus exigencias, solicitó el cierre temporal de carreteras y aduanas para impedir una eventual fuga de quienes estuvieron presentes el día de los hechos. Indicó que la familia tiene identificadas a varias personas presuntamente involucradas, aunque decidió no revelar sus nombres mientras continúan las investigaciones.
Asimismo, denunció que, tras la clausura del plantel, algunas personas ingresaron a las instalaciones pese a que estas se encontraban aseguradas por las autoridades.
Alejandra Quintos también aseguró que el reglamento interno de la academia impedía el contacto directo entre alumnos y familiares, por lo que la información únicamente era proporcionada por personal administrativo.
Según los testimonios que ha recabado, diversos alumnos y familiares describieron presuntos castigos físicos, actos de violencia, sumersiones forzadas y agresiones dentro del plantel. Incluso, señaló que una menor le narró que Dafne era obligada a correr y que le sumergían el rostro en agua durante el campamento.
Además, afirmó que otros testimonios hacen referencia a presuntas prácticas en las que algunos estudiantes eran obligados a consumir sustancias y a golpearse entre ellos.
Por su parte, el director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, Jorge Luis Ponce Ortega, sostiene que la adolescente llegó al campamento con una condición médica previa y que perdió el conocimiento mientras se encontraba en las regaderas, versión que ha sido rechazada por la familia.
Ante la repercusión nacional e internacional del caso, Alejandra Quintos anunció que promoverá una iniciativa denominada Ley Dafne, cuyo objetivo será establecer mayores mecanismos de protección para estudiantes de instituciones militarizadas. Además, reiteró su petición para que se revisen las grabaciones de las cámaras de seguridad y se practique un peritaje independiente.
