Venezuela y Estados Unidos pactaron un acuerdo petrolero por 25 años para elevar la producción, con inversión estadounidense y garantías de soberanía sobre los recursos.
Venezuela y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo petrolero con una vigencia de 25 años, mediante el cual ambos países buscan impulsar la recuperación de la industria energética venezolana y elevar la producción a más de 1.5 millones de barriles diarios.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer este sábado los principales términos del convenio y aseguró que el país mantendrá la propiedad y soberanía sobre sus recursos petroleros, mientras Estados Unidos aportará capital, tecnología y capacidad operativa para reactivar una industria afectada durante años por las sanciones.
Rodríguez señaló que el acuerdo forma parte de una estrategia más amplia que contempla nuevos convenios con empresas internacionales como Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP, con la intención de convertir nuevamente a Venezuela en una potencia energética.
La mandataria explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, Venezuela podría recibir alrededor de 209 mil 335 millones de dólares a través del convenio. Detalló además que, por cada barril producido y vendido, aproximadamente 19 dólares ingresarían directamente al país.
El proyecto contempla también el desarrollo de ocho llamados “bloques verdes” dentro de la Faja Petrolífera del Orinoco, una extensa zona petrolera ubicada en el este y centro-este de Venezuela que abarca más de 55 mil kilómetros cuadrados.
De acuerdo con Rodríguez, estos proyectos contemplarán regalías mínimas de 16 por ciento y un impuesto sobre la renta de 34 por ciento. Según su planteamiento, estas condiciones permitirían generar recursos para respaldar la recuperación económica de Venezuela y fortalecer nuevamente su sector energético.
Uno de los principales puntos señalados por la presidenta encargada fue la propiedad de los recursos. Rodríguez agradeció al presidente estadounidense Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por las negociaciones, pero insistió en que el acuerdo no implica que Venezuela pierda la propiedad de sus reservas.
“Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”, afirmó la funcionaria, al explicar que cada una de las partes contribuirá con capacidades diferentes para desarrollar los proyectos petroleros.
En ese sentido, Rodríguez indicó que Estados Unidos aportará recursos financieros, tecnología y capacidad operativa para acelerar la recuperación de una industria que, según el gobierno venezolano, ha sido severamente afectada por las sanciones internacionales.
La presidenta encargada también sostuvo que la población venezolana debe tener acceso a información sobre el funcionamiento del acuerdo. Señaló que los ciudadanos tienen derecho a conocer cuánto dinero se invierte, cuál es el volumen de producción, cuánto recibe el Estado y cuáles son las condiciones bajo las cuales operarán las empresas participantes.
Sin embargo, además de los términos expuestos por el gobierno venezolano, un funcionario estadounidense proporcionó otra perspectiva sobre el alcance del acuerdo. De acuerdo con declaraciones realizadas a la cadena CBS, el convenio incluiría el otorgamiento de una concesión de hasta 100 años a una empresa conjunta de carácter privado.
Según esa fuente, el gobierno estadounidense tendría el control del 55 por ciento de dicha compañía conjunta. Esa participación se distribuiría entre la propiedad accionaria del proyecto y la posibilidad de obtener petróleo a precio de costo.
El funcionario describió a la empresa conjunta como la segunda mayor propietaria corporativa de reservas probadas de petróleo en el mundo, aunque no reveló el nombre específico de la compañía involucrada.
La información sobre esta estructura empresarial se suma al anuncio realizado el viernes por Estados Unidos y Venezuela, cuando ambos gobiernos presentaron el acuerdo como un nuevo esquema de cooperación para aprovechar las enormes reservas de crudo venezolanas.
De acuerdo con los términos difundidos, Estados Unidos tendría acceso o control sobre más del 20 por ciento de las reservas de petróleo de Venezuela, aunque el gobierno de Delcy Rodríguez ha insistido en que la propiedad y soberanía de los recursos permanecerán en manos venezolanas.
Rodríguez añadió que el plan contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos que, en conjunto, cuentan con un potencial estimado de 65 mil millones de barriles de petróleo.
La dimensión del proyecto refleja la importancia de Venezuela dentro del mercado energético internacional, debido a que el país posee algunas de las mayores reservas de petróleo del planeta. La intención de los gobiernos involucrados es aprovechar esos recursos para incrementar la producción y atraer inversiones que permitan recuperar infraestructura y capacidad operativa.
El acuerdo también abre la puerta a una mayor participación de compañías petroleras internacionales en Venezuela. Empresas como Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP aparecen entre las firmas mencionadas por Rodríguez como posibles participantes en futuros acuerdos relacionados con el desarrollo de los proyectos.
Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio calificó el convenio como “una gran victoria” tanto para los ciudadanos estadounidenses como para el pueblo venezolano.
Mientras tanto, el gobierno venezolano presentó el acuerdo como una oportunidad para recuperar su industria petrolera sin renunciar formalmente a la propiedad de sus recursos naturales.
Los detalles anunciados muestran que el convenio contempla un horizonte de largo plazo, inversiones internacionales, nuevos desarrollos petroleros y un incremento considerable de la producción. No obstante, también existen diferencias entre la descripción ofrecida por las autoridades venezolanas y la información proporcionada por funcionarios estadounidenses sobre el control y la duración de determinadas concesiones.
El acuerdo marca así un nuevo capítulo en la relación entre Venezuela y Estados Unidos y coloca nuevamente al petróleo venezolano en el centro de las negociaciones económicas y políticas entre ambos países.
