Diego N y Gerardo N recibieron prisión preventiva por el presunto multihomicidio de Jonathan Meléndez, su familia y una trabajadora; enfrentarán audiencia el miércoles.
Una jueza dictó prisión preventiva contra Diego Sebastián N y Gerardo N, señalados por su presunta participación en el multihomicidio de Jonathan ‘Honas’ Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, así como de tres personas más, durante una audiencia realizada la noche del sábado 5 de septiembre.
Los dos imputados permanecerán bajo esta medida cautelar mientras continúa el proceso judicial. Será el próximo miércoles 9 de septiembre cuando, en los juzgados de Barrientos, en Tlalnepantla, se lleve a cabo una nueva audiencia para determinar si existen elementos suficientes para vincularlos o no a proceso.
De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público ante la jueza, Diego Sebastián N, quien habría sido exsocio del músico, presuntamente buscaba obtener una caja fría en la que se encontrarían millones de dólares en criptomonedas.
La Fiscalía del Estado de México sostuvo que el objetivo habría sido acceder a alrededor de 3.5 millones de dólares en bitcoins. Según la acusación presentada durante la audiencia, una vez que Diego N habría obtenido las llaves electrónicas necesarias para acceder a los activos digitales, se realizaron diversas transferencias con destino a España.
El caso se relaciona con el asesinato de Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula Barragán, la hija de ambos, de tres años, y Aleyda Romero, trabajadora del hogar. Las autoridades señalan a Diego Sebastián N y Gerardo N como presuntos responsables de los cuatro homicidios.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó entre 60 y 70 datos de prueba ante la jueza para sustentar las acusaciones. Entre los elementos mencionados se encuentra el vehículo en el que presuntamente huyeron los dos imputados.
Las autoridades indicaron que dentro del automóvil fueron localizados diversos objetos que presuntamente habrían sido utilizados durante el crimen, entre ellos cinta y cinchos de plástico, materiales que habrían servido para sujetar a Jonathan Meléndez.
La investigación también contempla la posible utilización de un arma de fuego equipada con un silenciador. Esta hipótesis surgió debido a que vecinos de la víctima no reportaron haber escuchado detonaciones durante el momento del ataque.
Según las declaraciones atribuidas a los propios detenidos ante elementos ministeriales, el arma habría sido desmontada posteriormente y arrojada a una barranca. Las autoridades continúan con la investigación para establecer las circunstancias exactas en las que se habría utilizado y desechado el arma.
La cronología presentada por la Fiscalía señala que el 31 de agosto, un día antes del multihomicidio, Diego Sebastián N presuntamente pidió a Gerardo N conseguir diversos objetos que podrían haber sido utilizados para llevar a cabo el plan.
Entre los artículos mencionados se encuentran un desarmador plano, un desarmador de cruz, dispositivos electrónicos, cinchos grandes, guantes negros de tatuajes y cubrebocas.
La investigación sostiene además que Diego Sebastián N habría ofrecido a Gerardo N un pago de 2 millones de pesos si lograban apoderarse del dinero contenido en la presunta caja fría con bitcoins.
Las autoridades también analizan la posibilidad de que los involucrados buscaran evitar la presencia de testigos durante los hechos. Parte de la investigación incluye una advertencia que Jonathan Meléndez habría realizado a uno de los involucrados, en la que le habría señalado que otras personas ya lo habían visto.
La acusación presentada ante la jueza contempla varios delitos relacionados con el caso. De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, los imputados podrían enfrentar penas de entre 25 y 70 años de prisión por cada homicidio, en caso de que posteriormente sean encontrados culpables.
Además de las penas relacionadas con los homicidios, la Fiscalía señaló que podrían existir sanciones adicionales de hasta 10 años de prisión por el delito relacionado con la interrupción del embarazo, así como una pena de hasta seis años por el asesinato de la mascota de la familia.
Estas posibles sanciones corresponden a las acusaciones planteadas por las autoridades y no representan una sentencia definitiva, ya que será el desarrollo del proceso judicial el que determine la responsabilidad penal de los imputados.
Las familias de las cuatro víctimas no acudieron a la audiencia. José Luis Rodríguez Aguilar, abogado de las familias, explicó ante medios de comunicación que sus integrantes se encuentran profundamente afectados por lo ocurrido y que todavía atraviesan un momento de gran impacto emocional.
Mientras tanto, la defensa de Diego Sebastián N y Gerardo N cuestionó que las acusaciones sean tomadas como una determinación de culpabilidad antes de que concluya el proceso judicial.
Carlos Rodrigo Pastrana Moreno, abogado de los imputados, sostuvo que una persona acusada no necesariamente es responsable de los delitos que se le atribuyen y señaló que buscarán que las pruebas sean valoradas mediante argumentos objetivos dentro del procedimiento.
El abogado insistió en que será el juez, y no la opinión pública o la cobertura mediática, quien deberá determinar la responsabilidad de sus representados a partir de los elementos presentados formalmente durante el proceso.
La próxima audiencia está programada para el miércoles 9 de septiembre en los juzgados de Barrientos, donde se analizará la posible vinculación a proceso de Diego Sebastián N y Gerardo N.
Hasta ese momento, ambos permanecerán bajo prisión preventiva mientras las autoridades continúan integrando y presentando los elementos relacionados con la investigación por el multihomicidio.
El caso ha generado atención debido a que una de las víctimas, Jonathan ‘Honas’ Meléndez, era conocido por su trabajo como tecladista de Camilo Séptimo. La investigación, además, ha incorporado la presunta búsqueda de activos en criptomonedas como uno de los posibles motivos detrás del crimen.
Será durante las siguientes etapas del proceso cuando la autoridad judicial determine qué elementos aportados por la Fiscalía son suficientes para establecer una probable responsabilidad y cuáles deberán ser descartados o valorados de manera distinta.
