La Auditoría Superior de la Federación inició una investigación contra el INE tras detectar pagos a personas fallecidas, contratos a empresas dudosas y un daño patrimonial superior a 66 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación inició formalmente una investigación de oficio contra el Instituto Nacional Electoral, luego de detectar presuntos daños al erario público que superan los 66.5 millones de pesos, derivados de observaciones que no fueron aclaradas en ejercicios anteriores.
Entre los hallazgos más delicados se encuentran pagos emitidos a 18 personas ya fallecidas que continuaban en nómina, así como la asignación de contratos por más de 21 millones de pesos a empresas recién constituidas y a 57 personas físicas que operaban como funcionarios activos.
Asimismo, las revisiones expusieron que más de 130 proveedores recibieron contratos sin presentar sus opiniones fiscales ante el SAT y el IMSS. A la par, quedó sin comprobar un convenio por 63.2 millones de pesos para la impresión y distribución de materiales electorales.
La indagatoria también abarca posibles redes de conflicto de interés en el entorno de la presidencia del instituto, señalando vínculos directos entre asesoras de alto nivel y empresas favorecidas con asignaciones directas para proyectos audiovisuales y de difusión.
El órgano fiscalizador federal advirtió que continuará el análisis financiero y administrativo de manera rigurosa, contemplando la presentación de denuncias penales si se comprueba el uso indebido de los recursos públicos asignados a la autoridad electoral.
