Tras la venta por 70 millones de pesos en concurso mercantil, inició el derrumbe de Denimtex. Más de 100 extrabajadores aguardan la resolución de una jueza federal para cobrar su liquidación.

Las antiguas instalaciones de la empresa textil Denimtex comenzaron a ser demolidas luego de que la propiedad fuera vendida en 70 millones de pesos, como parte de un procedimiento judicial en concurso mercantil. Con este avance en el proceso, entre 100 y 150 extrabajadores esperan que finalmente se determinen las cantidades que recibirán por concepto de liquidación tras 25 años de conflicto legal.
Alfonso Anselmo Gallegos, representante de los afectados, señaló que se encuentran a la espera de que la jueza Tercera de Distrito emita su dictamen final sobre las cifras correspondientes. La autoridad judicial pidió al síndico clarificar los criterios y procedimientos utilizados para calcular los pagos, concediendo prórrogas para presentar las justificaciones necesarias antes de emitir una decisión definitiva.
Los exempleados buscan que se respete el laudo laboral favorable que obtuvieron hace años, sumado a los salarios caídos correspondientes. Aunque existe debate legal sobre el periodo de salarios caídos aplicable, el gremio confía en que a mediados del próximo mes se notifiquen los montos formales, dejando atrás propuestas iniciales que consideraron insuficientes.
El conflicto se remonta a 2001, cuando la fábrica se declaró en quiebra sin cubrir las prestaciones de su plantilla laboral. En aquel momento, alrededor de 200 trabajadores iniciaron demandas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Más tarde, la disputa se trasladó al ámbito mercantil, lo que derivó en la suspensión de procedimientos y una prolongada batalla jurídica por salvaguardar sus derechos preferentes.
El predio ubicado sobre la avenida Agustín Melgar, entre Tecnológico e Industrias, permaneció en litigio hasta que finalmente se concretó su subasta el año pasado. Con la demolición en marcha, los extrabajadores prevén que concluya un capítulo de más de dos décadas de espera para recibir las indemnizaciones que por ley les corresponden.
