Chihuahua ha diseñado un mapa de riesgo para las Elecciones Judiciales de 2025, con el fin de prevenir intentos de intromisión en la selección de jueces y magistrados, garantizando un proceso seguro.
El Gobierno del Estado de Chihuahua ha puesto en marcha una estrategia de seguridad basada en un mapa de riesgo, diseñado específicamente para las Elecciones Judiciales de 2025. Esta medida tiene como principal objetivo identificar aquellas zonas donde podrían existir intentos de injerencia en el proceso de selección de jueces y magistrados, con el fin de prevenir cualquier alteración o presión indebida en el desarrollo de los comicios.
Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno, explicó que las autoridades estatales han llevado a cabo un análisis detallado sobre la situación de seguridad en la entidad, a fin de prever y minimizar cualquier amenaza que pudiera surgir en este proceso. Destacó que, aunque Chihuahua no enfrenta los mismos niveles de inseguridad que otros estados del país, es fundamental mantener un monitoreo constante para evitar cualquier tipo de interferencia.
El funcionario subrayó la importancia de la disciplina y la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad, asegurando que este esfuerzo conjunto permitirá reducir los riesgos y garantizar que la elección de jueces y magistrados se lleve a cabo en un ambiente transparente y sin presiones externas. Recordó que, en procesos electorales anteriores, como los de 2021 y 2024, se logró mantener un entorno estable gracias a la colaboración entre las autoridades estatales y federales.
Según De la Peña Grajeda, la tranquilidad que se percibe en Chihuahua es resultado del trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad. Aseguró que la implementación de este mapa de riesgo permitirá identificar posibles focos de conflicto y actuar de manera anticipada para evitar cualquier afectación en el proceso electoral.
El Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la integridad del proceso de selección de jueces y magistrados, reforzando las medidas de seguridad necesarias para que se lleve a cabo de manera legítima y sin interferencias. Esta estrategia se suma a los esfuerzos previos de la administración estatal para mantener la estabilidad y garantizar la correcta aplicación del marco legal en Chihuahua.
