Diputados locales avanzan en una iniciativa que busca penalizar a quienes propaguen enfermedades en el ganado, como respuesta a crisis sanitarias que han afectado la exportación pecuaria hacia EE. UU.
El Congreso del Estado de Chihuahua dio un paso firme hacia el fortalecimiento del marco legal ganadero con la revisión de una iniciativa que propone imponer sanciones penales a quienes propaguen activamente enfermedades en el ganado. La propuesta, impulsada por el diputado Arturo Medina, coordinador del grupo parlamentario del PRI, responde a la necesidad de garantizar certeza sanitaria en una de las principales actividades económicas del estado.
La iniciativa busca reformar diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley de Ganadería del Estado, como una respuesta legislativa directa a la crisis sanitaria que derivó en el cierre temporal de la frontera entre México y Estados Unidos en noviembre de 2024, tras detectarse un brote del gusano barrenador en Chiapas. Este hecho provocó la suspensión de las exportaciones de ganado desde Chihuahua, con consecuencias económicas aún palpables para los productores locales.
En reunión reciente, los diputados acordaron convocar a una mesa técnica con representantes clave como la Unión Ganadera Regional, la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, el Poder Judicial y la Fiscalía General, con el objetivo de construir un dictamen robusto y técnicamente sólido. La aprobación del calendario de trabajo e integración de esta mesa está prevista para el martes 13 de abril, durante la próxima sesión de las Comisiones Unidas de Justicia y Desarrollo Rural y Ganadería.
Saúl Mireles, presidente de estas comisiones y legislador del PAN, subrayó la urgencia de atender este tema desde una perspectiva legal y técnica. Destacó que la sanidad animal es un factor determinante para la exportación de ganado en pie a Estados Unidos, uno de los mercados más importantes para el sector pecuario chihuahuense. Recordó que el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) ordenó el cierre de fronteras en noviembre, y aunque se reabrieron en enero, las secuelas económicas continúan afectando al sector.
“Más de 500 mil cabezas de ganado se exportan cada año desde Chihuahua a Estados Unidos, con precios significativamente más altos que los del mercado interno. La viabilidad económica de muchos productores depende de ese comercio”, puntualizó Mireles.
Ante el antecedente de una controversia constitucional presentada por la Federación contra una medida sanitaria de la administración estatal, Mireles reconoció la necesidad de actuar con prudencia legal y técnica para evitar nuevos litigios y garantizar que la reforma sea viable y efectiva.
Con este esfuerzo legislativo, Chihuahua busca no solo proteger su economía pecuaria, sino también enviar un mensaje de responsabilidad y compromiso sanitario ante sus socios comerciales internacionales.
